Auto contra Garzón

En el juicio abierto al juez Garzón por las escuchas en la cárcel a imputados en el caso Gürtel y a algunos de sus abogados, uno de ellos imputado, no puede pasarse por alto la simbología que encierra: una justicia que actúa más diligentemente contra quien persigue el delito por supuestas extralimitaciones en su función que contra los presuntos delincuentes, que ponen ruedas en la investigación y que están asistidos de estrategias defensivas pagadas probablemente con el fruto del saqueo realizado a las Administraciones públicas y al contribuyente.

No parece cosa del azar que sea este el primer juicio contra Garzón de las tres querellas que pesan sobre él. El primer turno correspondería más bien a la causa por los crímenes del franquismo, pendiente de juicio desde hace un año y que sufre una extraña parálisis desde entonces, como si el Supremo temiera la repercusión mundial que suscita y pretendiera iniciar el paso de Garzón por el banquillo con un asunto menos controvertido.

La causa por las escuchas es procesalmente tan endeble como la de los crímenes del franquismo. No tiene, sin embargo, su trasfondo: la desconsideración a las víctimas de aquel régimen y a los familiares que pugnan por rescatarlas de las fosas donde yacen. A los pocos meses de iniciada la investigación del caso Gürtel, Garzón detectó indicios de que abogados de los cabecillas de la trama -Correa y Crespo- podían hacer funciones de enlace con el exterior y ordenó intervenir sus comunicaciones de acuerdo con la Ley Penitenciaria y la expresa salvaguarda del derecho de defensa.

Dar por supuesto, como hace el juez del Supremo en el auto de apertura de juicio, que Garzón quiso vulnerar el derecho de defensa en aras del éxito de una investigación de impacto mediático es ir demasiado lejos. Constituye un juicio de intenciones que contradice las cautelas adoptadas por Garzón al respecto -bien es cierto que el susodicho juez del Supremo no se las cree y las tilda de "coletilla"-, y va contra la lógica que cabe presumir en la actuación de un juez de instrucción. Una lógica que han seguido el juez Pedreira, sucesor de Garzón en el caso Gürtel, que avaló la prórroga de las escuchas; el magistrado del Tribunal de Madrid que se mostró disconforme con su anulación y expulsión del proceso, y el ministerio fiscal que mantiene -entonces y ahora- que Garzón no vulneró el derecho de defensa con su actuación.

Lo que ha establecido por mayoría el Tribunal Superior de Madrid es que las escuchas fueron una extralimitación procesal, como tantas que cometen los jueces y que se resuelven durante el procedimiento. De ahí a tildarla de prevaricadora va un buen trecho. Esta querella contra Garzón es tan forzada como las otras dos. Sorprende por ello la facilidad con que las ha tramitado el Supremo, lo que plantea la duda de si no habrían sido rechazadas de no ser Garzón el querellado y ser otros los querellantes.