Ofensiva de la izquierda parlamentaria por los papeles de Wikileaks

La izquierda parlamentaria considera que el contenido de los documentos del Departamento de Estado publicados por EL PAÍS "supone un escándalo que cuestiona los propios pilares del sistema democrático, afectando a los tres poderes básicos y, especialmente, al poder judicial y su independencia". Aseguran que podrían haberse cometido delitos. Por eso, ERC, BNG, IU e ICV han lanzado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno que incluye una batería de preguntas y la petición formal de una comisión de investigación sobre "la actuación de los poderes del Estado revelados en los documentos de Wikileaks".

La petición de comisión la firman inicialmente ERC y BNG, pero IU e ICV se sumarán a la espera de conocer la respuesta del Gobierno a las preguntas que han formulado por escrito. Básicamente, estos partidos consideran que de los documentos se trasluce una injerencia de Estados Unidos, con connivencia del Gobierno español, para influir en procesos judiciales que afectan a ciudadanos norteamericanos.

Aseguran, en primer lugar, que "han puesto en evidencia una supuesta interferencia del poder Ejecutivo del Estado español en el poder judicial". Esa actuación, aseguran, se habría producido a través del fiscal general del Estado y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. "El Gobierno español, lejos de apoyar la investigación y a las víctimas de nacionalidad española, ha maniobrado para archivar los casos y garantizar la impunidad de los supuestos delitos", añade. Para los partidos de la izquierda minoritaria, los documentos muestran "la connivencia, por activa y/o por pasiva, del Gobierno español ante los ilegales vuelos de la CIA. Incluso proyecta sombras respecto a la actitud del CNI en relación a ellos".

Denuncian también "una presión de Estados Unidos al Gobierno español para modificar la legislación española y recortar así su capacidad de jurisdicción universal". La petición de comisión de investigación deberá pasar primero por la Mesa del Congreso y, posteriormente, ser votada en el Pleno de la Cámara baja. En principio, el PSOE no tendrá dificultades para rechazarla, incluso, con los votos del PP que en ese asunto apoya al Gobierno.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, presentó además una batería de preguntas al Gobierno sobre los detalles de los hechos relatados en los documentos. Según el escrito, "se desprenden posibles actuaciones ilegales de altos cargos del Gobierno y de la fiscalía en grado de faltas disciplinarias, infracción de derechos fundamentales y delitos por asesoramiento ilegal; revelación de datos del sumario y de datos conocidos en el ejercicio de sus funciones y delitos por encubrimiento, vulneración de derechos fundamentales. Al estar promovidas por la embajada de una potencia extranjera podrían ser un grave atentado a la soberanía nacional y a la independencia judicial".