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Tribuna
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Por un 2022 en el que acaben los ataques hacia los cooperantes

El asesinato de dos trabajadores humanitarios de Save the Children en Myanmar ha sido el último de los más de 1.200 cometidos en los últimos diez años contra este colectivo

Un vehículo quemado tras el ataque armado en Hpruso, en el estado birmano de Kayah, el pasado 25 de diciembre.
Un vehículo quemado tras el ataque armado en Hpruso, en el estado birmano de Kayah, el pasado 25 de diciembre.AFP PHOTO / KARENNI NATIONALITIES DEFENSE FORCE (KNDF) (AFP)

La muerte de dos de nuestros colegas en un ataque del ejército de Myanmar nos ha devastado en Save the Children. Ellos, así como, al menos, otras 35 personas –entre ellas cuatro niños– fueron asesinados en el ataque. Nunca debieron ser el objetivo.

Nuestros compañeros, de 28 y 32 años, eran padres primerizos, con bebés de pocos meses, que regresaban a la oficina el 24 de diciembre tras atender las necesidades de los niños y niñas en el estado de Kayah, al este de Myanmar, cuando se produjo el ataque. Los militares obligaron a la gente a bajar de sus coches, arrestaron a algunos, mataron a muchos y quemaron sus cuerpos.

He trabajado en el sector humanitario durante más de 20 años y he conocido a cientos, si no miles, de personas dedicadas al trabajo humanitario en este tiempo. Siempre hemos formado un estrecho vínculo entre nosotros mientras desempeñamos nuestra labor en condiciones extremadamente difíciles. La mayoría de aquellos con quienes he coincidido están dedicados a su trabajo y comparten la pasión por mejorar la vida de las personas atrapadas en un sufrimiento inimaginable. Hemos sido testigos de la devastación y hemos escuchado historias demasiado espantosas para repetirlas. Pero una y otra vez nos sorprende la resistencia de la gente en tiempos de desastre.

Hace poco regresé de Afganistán, donde conocí a una familia desplazada que vivía temporalmente en un granero desalojado de un familiar. Hacía frío y humedad y el invierno empezaba a asomarse. Tenían muy poco. Su hijo asistía a una escuela comunitaria que atiende a los niños y niñas desplazadas. Estaba aprendiendo a leer, pero le costaba porque la falta de comida le generaba dolores de cabeza. Sin embargo, me mostró con orgullo sus habilidades, me contó que quería ser médico para ayudar y cuidar de su pueblo.

A menudo, me resulta difícil explicar a la familia y a los amigos cómo sobrevive la gente en condiciones tan difíciles y cómo pueden seguir esperando un futuro mejor. Nosotros somos unos privilegiados. Estamos en una posición en la que podemos ayudar. Podemos marcar la diferencia, a veces a pequeña escala y a veces a una mayor.

La Aid Worker Security Database (AWSD), la principal base de datos sobre los trabajadores humanitarios, muestra que el número de víctimas alcanzó un máximo histórico en 2020: 117 personas muertas, 242 heridas y 125 secuestradas. Desde 2013, cada año más de 100 trabajadores humanitarios son asesinados.

Este organismo señala que los trabajadores humanitarios fueron disparados, golpeados y se enfrentaron a explosivos, bombardeos terrestres y aéreos. También conozco a muchos colegas de este mundo que llevan años con las cicatrices del trastorno de estrés postraumático.

Si aceptamos una cultura de impunidad cada vez más extendida, con escasos procesamientos y sanciones por las violaciones del derecho humanitario, dejamos que los autores se libren

Debemos preguntarnos por qué estas cifras siguen aumentando cuando la protección de los cooperantes está consagrada por el derecho internacional humanitario –recogido en los Convenios de Ginebra–, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las leyes penales nacionales.

Si aceptamos una cultura de impunidad cada vez más extendida, con escasos procesamientos y sanciones por las violaciones del derecho humanitario, dejamos que los autores se libren. Esto supone un riesgo para los trabajadores humanitarios, pero aún más para las personas atrapadas en el conflicto y a las que la comunidad internacional tiene el mismo deber de proteger. Con este último ataque en Myanmar contra civiles inocentes, niños y cooperantes ha llegado el momento de unir fuerzas y adoptar una postura y dar ejemplo.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe reunirse inmediatamente y establecer las medidas que tomará para que los responsables de Myanmar rindan cuentas. Los Estados miembros deben imponer un embargo de armas. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), igualmente, debe reunirse para revisar y poner en marcha un acuerdo que se acordó en el pasado mes de abril y que establece que habrá un cese inmediato de la violencia en Myanmar y que el enviado especial de la ASEAN ayudará a mediar en una solución diplomática.

Por nuestros dos queridos e insustituibles colegas de Myanmar –y de los más de 1.200 cooperantes asesinados en los últimos 10 años y por el bien de los millones de personas que tenemos el deber de proteger– debemos actuar ya. Hagamos que 2022 sea el año en el que se detenga, por fin, el aumento de la violencia y la impunidad.

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