Golpe al corazón de la lucha contra el VIH en Senegal por el recorte de la ayuda: menos trabajadores comunitarios y acceso a tratamientos

Mariam, una mujer senegalesa que vive con VIH desde 2007, baja la cabeza y llora. En los últimos meses, han muerto tres de las pacientes a las que ella, como mediadora de la ONG Aboya, hacía seguimiento para supervisar que tomaran sus medicamentos. Cuenta que, debido a los recortes de ayuda internacional, ha habido dificultades para que las pacientes accedan de forma continua, asesorada y discreta a sus tratamientos. “A las personas con discapacidad, incluso, solíamos pagarles el transporte para que fueran a sus citas. Ya no podemos”, lamenta la mujer, que es voluntaria en la única ONG en el país que atiende, con enfoque de género, a mujeres que viven con VIH y sufren discriminación. Mariam aún teme sufrirla. Por eso, pide a este diario que no se use su nombre real y que se la retrate de espaldas.

“Yo tampoco tengo acceso al [dinero para] transporte ahora. Pero no puedo rendirme, así que yo misma me encargo [con mis recursos] y voy a visitarlas a sus casas para que continúen su tratamiento. Hoy soy fuerte gracias a que yo también tuve una mentora”, sostiene, con determinación, en una entrevista desde una localidad secreta en un suburbio al norte de Dakar. Así opera Aboya desde 2001, que beneficia a cerca de 500 mujeres y sus niños en tres regiones de Senegal, para garantizarles el anonimato. Debido al cese de financiación de donantes como EE UU, el 15% de las actividades de Aboya se suspendieron. Ndeye Astou Diop, presidenta de la organización, explica a este diario que, por el cese de USAID, sus mediadoras que trabajaban en los centros de atención ya no lo hacen.

Si mediadoras como Mariam no visitan a las pacientes ―algunas de ellas rechazadas por sus familias― no hay garantía de que tomen sus medicinas ni forma de monitorear su estado físico y mental. Este es uno de los países donde más discriminación sufren las personas con VIH: según el Índice Stigma 2.0 de 2024, un 18% de la población había sufrido estigmatización por su estado serológico, lo que trunca su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Por eso, mediadores y trabajadores comunitarios son vitales para monitorearlos.

En 2024, en Senegal vivían 48.000 personas con VIH, según datos de ONUSida. De estas, el 79% estaban bajo tratamiento con antirretrovirales y el 73% ya no tenían carga viral. La tasa de prevalencia de VIH en adultos era del 0,3%, la tercera más baja de África occidental, tras Mauritania y Níger. Además, desde 2022, se estaba reduciendo el número de nuevas personas con VIH y desde 2013 se experimentaba una caída sostenida de muertes.

Pero el país está en riesgo de perder su progreso como consecuencia del cierre de USAID (la agencia de cooperación de EE UU) y los recortes de otros donantes, según advierten organizaciones ciudadanas y doctores del Consejo Nacional de Lucha contra el Sida y el Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Dakar. Agregan que estos han afectado especialmente a las organizaciones sociales y a los trabajadores comunitarios que habían conseguido rastrear, educar y acompañar a los pacientes.

No solo faltan recursos para las mediadoras de Aboya y para trabajadores comunitarios de otras organizaciones. “Hemos observado una disminución muy rápida de todas las actividades relacionadas con la prevención”, ha reconocido la doctora Fatoumata Ly, del Consejo Nacional de Lucha contra el Sida, en una reunión con medios de comunicación en Dakar, incluido EL PAÍS. El Consejo cita, por ejemplo, una encuesta en la que el 59% de actores sobre el terreno y responsables de organizaciones comunitarias reportaron una reducción en el cumplimiento del tratamiento con antirretrovirales. Esto se debe a la suspensión de los grupos de apoyo y la educación terapéutica en 24 de 156 centros de atención en el país.

Ly ha detallado también reducciones en la distribución de condones gratuitos, problemas de sensibilización y acceso a las píldoras diarias de profilaxis previa a la exposición (PrEP), la interrupción de tratamientos por la suspensión de sistemas de recordatorios de citas y problemas con la recolección de datos sobre el VIH. Esto afecta a las ocho regiones ―de un total de 14 que tiene Senegal― en las que operaba el Plan de Emergencia del Presidente de los EE UU para el Alivio del Sida (Pepfar). El Consejo Nacional, cuyo presupuesto de 2024 dependía en un 24% de EE UU, aún evalúa los impactos de los recortes en sus operaciones y en sus beneficiarios.

Organizaciones civiles como la Alianza Nacional de Comunidades para la Salud (ANCS), a la que están asociadas unas 200 organizaciones comunitarias que luchan contra el VIH, también están en proceso de cuantificar el impacto. “No hemos perdido insumos, pero sí actividades y capacidad de respuesta”, resume Debia Dia, referente jurídico de la organización. ANCS, por ejemplo, perdió la financiación de USAID para el proyecto OWOD, que representaba el 12% de su presupuesto. El proyecto prestaba asistencia técnica a las regiones y distritos sanitarios para determinar las necesidades prioritarias en salud y para actividades de comunicación y pedagogía. En enero, con la suspensión de USAID, hubo un cese repentino en las actividades de 430 organizaciones comunitarias y en 45 radios comunitarias. Entre los programas más afectados estaban aquellos relacionados con VIH y salud sexual y reproductiva.

Nuestro deber moral es continuar y reforzar los programas. De lo contrario, 20 años de lucha se perderán y todos los avances conseguidos en nuestro sistema de salud habrán sido en vano

Ibrahima Sy, Ministro de Salud de Senegal

El ministro de Salud de Senegal, Ibrahima Sy, en otro encuentro con medios, ha asegurado que evaluará las afectaciones causadas para los recortes para, así, movilizar recursos de otros donantes, el sector privado y el Estado. El Gobierno, dice, no descarta recaudar dinero a través de impuestos sobre el tabaco o a las transacciones digitales. “Nuestro deber moral es continuar y reforzar los programas”, ha dicho el ministro, “de lo contrario, 20 años de lucha se perderán y todos los avances conseguidos en nuestro sistema de salud habrán sido en vano”. Priorizará, asegura, la prevención, para reducir una posterior situación financiera sobre el sistema de salud.

Pero mientras las autoridades proyectan sus planes de acción, los pacientes buscan una solución y presionan los servicios que aún prestan otras organizaciones. Por ejemplo, la presidenta de Aboya cuenta que las mujeres y los niños que recibían apoyo de programas financiados por USAID, ahora buscan ser atendidas en Aboya, que todavía se sostiene con recursos del Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. “Nosotras también tuvimos problemas con las distribución de antirretrovirales, pero lo solucionamos movilizando a otros socios”, responde.

El Fondo Mundial, a su vez, hace sus cálculos. Este año, en medio del contexto de recortes de varios donantes, tuvo que reducir 10% del presupuesto previsto para Senegal. “Cuando llego a Dakar y me dicen que cuentan con el Fondo Mundial porque los demás donantes se están retirando, les digo que sus donantes eran también los nuestros. Tenemos los mismos problemas”, resume Mark Taylor, jefe del equipo de esta organización en Senegal. EE UU aportaba el 33% de los recursos del fondo. “Si este noviembre no alcanzamos nuestro objetivo [de recaudar 18.000 millones de dólares para el próximo ciclo de financiación de 2027 a 2029], habrá que reducir cosas”, reconoce Taylor.

Poblaciones clave

Expertos y organizaciones comunitarias advierten de que el mayor riesgo está en perder los avances con poblaciones clave, es decir, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (con una prevalencia de VIH del 27,6%), mujeres que ejercen la prostitución (5,8%) y los consumidores de drogas inyectables (5,2%).

“Tenemos que estar más cerca de esa población porque viven vidas ocultas”, advierte Fatou Sow, presidenta de la ONG Red Nacional de Poblaciones Claves de Senegal (Renapoc), que reúne a 37 organizaciones dedicadas a atender a estas personas. La ONG, por ejemplo, ofrece un servicio de enfermería para que hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que ejercen la prostitución puedan tomar sus píldoras diarias de profilaxis previa a la exposición (PrEP) en sus sedes, con total discreción.

Awa, otra ONG que trabaja con mujeres que ejercen la prostitución con VIH, perdió un programa de USAID/Pepfar que beneficiaba a 500 mujeres. Mbaye Boye, portavoz de AWA, explica a este diario que el proyecto consistía en un seguimiento dirigido por las comunidades. “Ya no se puede llegar a ellas en esas zonas remotas en las que solían estar. No podemos sensibilizarlas, ofrecerles servicios en sus hogares ni decirles que tomen la PrEP”, detalla y agrega que entre esa población ahora hay incertidumbre y miedo.

En el Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) del Hospital de Fann de Dakar, que atiende a pacientes con VIH desde 1998, las personas han empezado a hacer preguntas. “¿Y ahora a dónde vamos a ir?, nos decían. Hubo depresión”, relata la doctora Ndye Fatou Ngom, presidenta del CTA que, desde su creación, ha atendido a unas 4.800 personas. “En un contexto de recortes de [Donald] Trump, ¿cómo vamos a financiar las actividades? Necesitamos medicamentos, buscar a las personas que hemos perdido de vista, bajar a terreno para ver qué pasa. Dejar de realizar actividades con estas poblaciones ralentizará el diagnóstico y la atención y reforzará la estigmatización”, alerta la doctora, que ha sido testigo del progreso de Senegal en los últimos 20 años. Uno de los mayores logros del CTA es que el 96% de sus pacientes tienen carga viral indetectable. Ese hito, teme la doctora Ngom, se asoma al abismo.

“Antes de que el Gobierno hiciera gratuito el tratamiento en 2001, era muy caro el acceso. Los médicos lloraban en los comités médicos terapéuticos porque no había tratamientos disponibles para todos. Pero avanzamos, conseguimos la gratuidad, los primeros pacientes del CTA siguen vivos. Pero hoy, con la retirada de los socios, ¿qué va a ser de nosotros?”, se pregunta.