Captar, trasladar y explotar: las estrategias de la trata de seres humanos que no vemos

Aunque hay instrumentos jurídicos para combatirla, el trabajo forzoso, la comisión de delitos mediante coacción o el matrimonio sin elección son infradetectados. La campaña #TambiénesTrata expone los retos pendientes

Imagen de la campaña #TambiénesTrata.
Imagen de la campaña #TambiénesTrata.Proyecto Esperanza

En el vil asunto de la trata de personas, hay un árbol gigante que no deja ver el bosque y ese es el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, lo que incluye la prostitución, por supuesto, pero también sus derivados de chantaje para la pornografía y servicios virtuales para adultos. El grave problema de la explotación sexual constituye una abyecta actividad industrial multinacional, tanto o más lucrativa que el comercio de armas, pero se ocultan, además, las víctimas de muchas otras finalidades de la trata de seres humanos. Ese bosque oculto del tráfico de personas incluye otras finalidades como los trabajos forzosos en la agricultura, la construcción o el sector de la pesca, así como la servidumbre doméstica, cuando no la captación de chicas para la comisión de actividades delictivas, la mendicidad y los matrimonios forzados. Por último, y en un porcentaje residual, figura el comercio de órganos, según el último informe global de Tráfico de Personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con estadísticas de 2018.

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La trata no implica necesariamente una actividad a gran escala o a cargo de redes ilícitas. También es trata el comercio humillante de seres humanos que ejercen personas no integradas en bandas delictivas, de un modo casi artesanal y para beneficiarse personal o familiarmente, abusando de la situación de vulnerabilidad de alguien.

De una vileza de este tipo fue víctima reciente Pauline, una mujer de 38 años, nacida en Gabón y captada en su humilde lugar de trabajo por un ciudadano europeo que le propuso trabajar cuidando a sus niños y como empleada doméstica interna, en su casa, en España. Pauline, que sostenía sola a una hija adolescente, aceptó. En el aeropuerto de Madrid la esperaban la esposa y la suegra del hombre que la había contratado. A poco de llegar, advirtió que las condiciones laborales distaban de las prometidas y comenzó a sufrir un maltrato permanente de parte de las dos mujeres de la casa, con un horario de trabajo ilimitado, un estricto control de sus comunicaciones telefónicas (Pauline tiene un hermano en Francia, pero le impedían pedirle ayuda), mientras le imponían castigos que incluían dejarla sin comer.

Sin cobrar ningún salario en dos meses, Pauline intentó escapar, pero la familia la encerró, sin teléfono ni pasaporte, hasta que llegó el momento en que decidieron devolverla a su país. Ya en el aeropuerto, Pauline desconfió del viaje y logró zafarse para pedir socorro a una empleada de la línea aérea. Esta historia sin final trágico es una de las tantas que recopilaron durante los últimos dos años, en España, las técnicas de sensibilización del Proyecto Esperanza (Adoratrices y Sicar Cat), especializadas en el apoyo integral a mujeres que han sido víctimas de trata para cualquier finalidad de explotación, algunas de las cuales se relatan en su documento de análisis y recomendaciones, expuesto unas semanas atrás, tras finalizar la campaña #TambiénesTrata.

Marta González Manchón, coordinadora de sensibilización del proyecto Esperanza, define la trata como un delito y una violación de derechos humanos que implica una serie de acciones que van desde captar a alguien, trasladar a esa persona, acogerla o recibirla, utilizando cualquier medio ilícito que puede ser el engaño, el abuso de una situación de necesidad o de vulnerabilidad mediante amenazas, coacciones, violencia, rapto, secuestro o fraude. “Se produce con la intención de someter a esa persona a una explotación sexual o no. Puede imponer un trabajo forzoso en cualquier sector, o un matrimonio e incluso para la comisión de delitos o la extracción de órganos”, matiza en diálogo telefónico. Esta definición, que se utiliza en el ámbito del Derecho, está en consonancia con las premisas del Protocolo de Palermo de Naciones Unidas, del año 2000, y la directiva europea 36/2011.

Para que se considere trata no es necesario “un cruce de fronteras internacionales, ni que las personas explotadas sean inmigrantes o estén en situación irregular”, aclara González Manchón. No obstante, lo que diferencia la trata de los trabajos forzosos (o el esclavismo) es que se presenten, conjuntamente, los tres elementos: la captación, el traslado y la explotación, aunque no se genere un lucro económico. Esto último ocurre, a menudo, con la “contratación” de empleadas domésticas adolescentes en zonas rurales, tanto para ser trasladadas a otros países o a ciudades dentro del mismo país, una práctica muy frecuente en el norte de África y en América Latina. Cada tanto, organizaciones internacionales como UNICEF y algunos medios se hacen eco de lo que, por ejemplo, sucede en los barrios de las grandes ciudades marroquíes con las pequeñas criadas (les petites bonnes).

“No todos los casos son extremos y equiparables a la esclavitud”, asegura la experta del Proyecto Esperanza. No obstante, desde hace unos años, han empezado a emerger muchísimas situaciones con intenciones muy diversas, que constituyen “la punta del iceberg del tráfico humano”.

Robo por amor

Un fenómeno que los trabajadores y educadoras de las cárceles españolas conocen bien es el de las mulitas de carga por amor. Se trata de mujeres provenientes de entornos muy desfavorecidos, primordialmente en países de América del Sur, que resultan engañadas y manipuladas por supuestos novios que las convencen de trasladar droga en su cuerpo. Quien haya visitado alguna vez una penitenciaría, podrá recabar desoladores testimonios de mujeres que llevan años en prisión sin haber pisado más territorio español que un par de metros de algún aeropuerto.

El documento del Proyecto Esperanza recoge casos de engaños sentimentales como el que sufrió la joven colombiana Astrid, de 28 años, que conoció a Dragos a través de Facebook y, tras varios meses de relación virtual, se decidió a aceptar la oferta de este de viajar a España, donde iban a casarse para regularizar su situación. Al llegar, tras varias idas y vueltas de pisos compartidos, Astrid se enteró de que su misión consistiría en robar ropa en tiendas y centros comerciales, a fin de ser revendida por una banda que empleaba a otras mujeres apremiadas por las deudas del viaje y sin la documentación en regla.

En España, la ley garantiza la protección de alguien con mínimas sospechas de que puede ser víctima de un delito de trata
Marta González Manchón, coordinadora de sensibilización del Proyecto Esperanza

¿Cómo se protege a estas personas acosadas y en situación de irregularidad, con miedo a denunciar y quedarse aun más desamparadas y expuestas en Europa? “En España, la ley garantiza la protección de alguien si existen mínimas sospechas de que puede ser víctima de un delito de trata. Si ha quedado retenida en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), se la saca de allí, por supuesto; no se le puede incoar un expediente de expulsión o hay que paralizarlo en el caso de que esté incoado. Hay que amparar con meros indicios, y para eso está el apoyo en casas de acogida, sin condicionar la asistencia a que la víctima denuncie, aunque en caso de colaboración con la justicia, estas personas tienen derecho a obtener el permiso de residencia y trabajo”, observa la especialista.

Comprender la trata como un negocio muy amplio y dinámico permitirá mejorar la detección de casos impensados y la protección de las víctimas, cualquier sea su región de origen o destino

“El problema es que no en todos los casos la legislación se aplica de manera correcta, ya que hay demasiadas exigencias a la hora de identificar a la persona como víctima de trata”, agrega. Por eso, el objetivo pasa, a su juicio, por “mejorar la detección de aquellas finalidades de explotación que aún permanecen ocultas e invisibilizadas”.

Prometidas en un campo de refugiados

En el documento de síntesis de la campaña #TambiénesTrata se menciona la necesidad de estimular las políticas públicas y dotar de un mayor presupuesto a los servicios de atención a la trata, más allá de la que tiene por finalidad la prostitución que, según la ONU, constituye la mitad del tráfico de personas que ocurre en el mundo, seguida de la que tiene por objetivo el trabajo forzoso, que representa el 38%, en cifras de 2018.

Las rutas del tráfico humano atraviesan todas las zonas geográficas del planeta, incluidos los itinerarios que trazan los barcos pesqueros en latitudes endemoniadas, que parecen el Lejano Oeste hecho mar (como bien lo explica el periodista Ian Urbina en su libro Océanos sin ley). Los vaivenes sociales, políticos y de precariedad económica propician unas formas u otras de rentabilizar el mercado de personas; los puntos calientes del mundo se desplazan, pero los inescrupulosos siempre dan con los seres más vulnerables para sacar su provecho. Cada región tiene su especialidad. Por ejemplo, según el informe, en Sudamérica, la gran mayoría de las víctimas de trata (80%) son de sexo femenino, mujeres y niñas. Las mujeres adultas constituyen por poco una mayoría general de las detectadas (51%), mientras que las niñas representan una proporción significativa (31%). Estas son halladas con más frecuencia que los niños. Hay, sin embargo, otras subregiones del continente en las que ellas constituyen la mayoría.

En esta última década, a la triste realidad de las adolescentes de la minoría yazidí, secuestradas, vejadas y vendidas por miembros del Estado Islámico, se han sumado las situaciones desesperadas de las emigraciones masivas en las que se alienta la compra-venta de personas con múltiples fines. “En los campos de refugiados, por ejemplo, se incrementan los casos de matrimonios forzados”, explica González Manchón.

Comprender la trata como un negocio muy amplio y dinámico, que se diversifica a diferentes escalas, permitirá mejorar la detección de casos impensados y la protección de las víctimas, cualquier sea su región de origen o destino, cualquiera sea la finalidad con la que fueron captadas. De ahí la importancia de la formación de profesionales del sector público y de las ONG en unos protocolos unificados de Derechos Humanos que permitan la mirada sensible y la identificación de la mayor cantidad de casos.

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Sobre la firma

Analía Iglesias

Colaboradora habitual en Planeta Futuro y El Viajero. Periodista y escritora argentina con dos décadas en España. Antes vivió en Alemania y en Marruecos, país que le inspiró el libro ‘Machi mushkil. Aproximaciones al destino magrebí’. Ha publicado dos ensayos en coautoría. Su primera novela es ‘Si los narcisos florecen, es revolución’.

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