Prioridad nacional, una línea roja

El Partido Popular ha traspasado una línea roja al asumir en sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón la prioridad nacional, que conduce a la discriminación entre nativos y extranjeros en el acceso al Estado del Bienestar. Aunque no está claro el alcance práctico de estos acuerdos autonómicos con la extrema derecha, y aunque el principio discriminatorio podría chocar con los tribunales españoles y europeos, aceptar el marco conceptual xenófobo como ha hecho el PP abre un camino peligroso para un partido que aspira a gobernar España. Cuando el futuro vicepresidente de un Gobierno regional, como el extremeño Óscar Fernández Calle, apela a eslóganes como “los españoles primero”, deberían sonar las alarmas en cualquier partido democrático.

Las palabras no son inocentes. En un país donde los inmigrantes aportan una contribución valiosa a la sociedad y a la economía, la retórica excluyente de la prioridad nacional amenaza los valores constitucionales y echa fuego a la convivencia. El PP se ha cuidado mucho de precisar que, en su diccionario, la prioridad nacional no significa imponer una discriminación entre españoles y extranjeros que vulneraría la Constitución y las normas europeas. La formación de Alberto Núñez Feijóo lo quiso dejar claro al rechazar este miércoles una moción de Vox en el Congreso que eludía estos matices e invocaba la “comunidad nacional”, otro término propio de la ultraderecha. Los populares, en cambio, subrayan que, con el principio de la prioridad nacional, no se trata de discriminar a los extranjeros, sino solo de dar preferencia, al asignar los recursos públicos, a quienes demuestren un “arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. Así consta en el acuerdo extremeño y, con una formulación parecida, en el aragonés, y a eso se aferra Génova para asegurar que estos pactos son constitucionales y asumibles por un partido moderado.

Pero hay expresiones que no son inocuas porque remiten a las ideologías radicales y de otro tiempo, y prioridad nacional es una de ellas. La discriminación entre los de dentro y los de fuera, entre nosotros y ellos ha sido en las democracias occidentales la línea divisoria que separaba a la derecha moderada y a la extrema derecha. En Francia, la preferencia nacional que esgrimieron Jean-Marie Le Pen y su hija, Marine, era lo que explicaba su aislamiento. En Alemania, lo que sitúa a AfD en el punto de mira de los servicios de inteligencia y lo que podría llevar a su ilegalización es el etnonacionalismo y la distinción entre ciudadanos de primera y de segunda clase.

Tuvo razón Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al criticar la semana pasada el principio de la prioridad nacional, asumido por su formación en los acuerdos de Gobierno autonómico con Vox en Extremadura y en Aragón. La prioridad nacional “no es legal ni se ajusta a derecho”, señaló Díaz Ayuso. Es lógico, porque no casa de ningún modo con la visión liberal-conservadora a la que se adscriben los populares y pertenece a una tradición y una ideología ajenas.

Por eso es desconcertante que Alberto Núñez Feijóo haya decidido conceder un marchamo de legitimidad a la discriminación por origen en los pactos autonómicos. Si un día Feijóo llegase a La Moncloa con el apoyo de Vox, ¿suscribiría el principio de la prioridad nacional? ¿Aceptaría la retórica radical de “los españoles primero”? Con el término de prioridad nacional, el PP asume una condición demasiado onerosa para un partido que aspira a gobernar España.