La burocracia como frontera

Con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes empieza, para miles de personas, una carrera frenética por alcanzar la meta de la legalidad. Para que uno sea reconocido como real tiene que demostrar “es” desde el punto de vista administrativo; no basta con presentarse y decir “hola”.

Para esa transición administrativa hay que hacer acopio de una lista infinita de papeles que demuestren que uno existe. Hay que reformular el dualismo cartesiano: la división no es entre cuerpo y alma sino entre cuerpo e identidad registral. Para escapar de los márgenes de la invisibilidad hay que presentar certificados que demuestren toda una serie de hechos compulsados por autoridades reconocidas y competentes en el plazo establecido. Por ejemplo: hay que demostrar que uno nació. Ya se sabe que cualquiera puede nacer así, como si nada, pero los gobiernos no tienen por qué creer que usted lo hizo, eso de nacer, sin un papel que dé fe de ello. También necesitará usted un certificado de antecedentes penales limpio de todo delito o falta, por pequeña que sea. Se le exige, como es normal, un comportamiento intachable para sumarse a la condición de “residente legal”, español en barbecho. ¿Cómo sería el panorama patrio si se pidieran los antecedentes a todos los españoles de nacimiento? ¿Cuántos quedarían automáticamente descartados de la condición de “ciudadanos”? Cuenten los sentenciados por corrupción. No quedaríamos más que cuatro gatos. Intachables pero pocos.

Otra cosa que hay que demostrar ante la administración es la permanencia en territorio español el tiempo suficiente como para que se considere oportuno permitirle aflorar a la superficie de los “legales”, algo llamado “arraigo”. El certificado de empadronamiento es el documento que suele constatar esa permanencia estable en el territorio. El padrón es esa herramienta que tienen los ayuntamientos para saber qué gente reside en su municipio pero que en algunos casos se está usando como valla fronteriza para impedir que se queden los que el consistorio en cuestión considera indeseables. Aunque estén realmente viviendo en el pueblo o la ciudad. Y es que la mala fe del que pretende beneficiarse de la regularización sin tener derecho a ello se da por sentada, por eso hay que demostrar de forma muy kafkiana que uno es y está aquí pero no se habla de la mala fe de algunas administraciones, del uso perverso que hacen del poder que tienen para establecer muros de segregación que solo los afectados pueden ver. Y con los que se dan de bruces todos los días.