Claridad fiscal en el alquiler

La situación de la vivienda en alquiler en España se va a agravar especialmente este año, cuando vencen 630.000 contratos firmados en 2021 que afectan a 1,6 millones de personas. A ellos se sumarán otros 600.000 contratos en 2027, el doble de los que vencieron en 2025. Son contratos firmados en los años de la pandemia, cuando muchos de estos arrendamientos se cerraron a la baja. Hoy, después de un lustro de crecimiento vertiginoso de los precios, están notablemente por debajo de mercado, hasta un 50% según datos del Ministerio de Consumo. La finalización de estos contratos se produce en un momento extremadamente complejo, con un mercado enloquecido, precios prohibitivos, oferta muy escasa y criterios de selección draconianos. Cientos de miles de familias se van a enfrentar de un día para otro a unos precios prohibitivos en una jungla inmobiliaria.

El Gobierno ha decidido, acertadamente, utilizar incentivos fiscales para tratar de limitar el impacto de esta situación. El Ejecutivo ha trasladado que estudia penalizar en el IRPF a los propietarios que suban los precios de los nuevos acuerdos por encima de la inflación. Se trata de un giro de 180 grados en la política fiscal que venía aplicando el propio Ejecutivo en materia de vivienda, después de apostar únicamente por rebajas en el IRPF de los caseros para facilitar que millones de viviendas siguieran en el mercado. La ley de 2024 establece una reducción general del rendimiento neto del alquiler del 50% a unos dos millones de caseros, al tiempo que incorporaba deducciones mucho mayores (de hasta el 90%) para aquellos que rehabilitaran la vivienda, alquilaran a jóvenes o redujeran el precio más de un 5% respecto al contrato anterior en una zona de mercado tensionado.

El propio presidente del Gobierno llegó a anunciar el pasado mes de enero una ampliación de esa bonificación para los propietarios del 50% al 100%, como vía para contener las rentas ante la avalancha de finalizaciones de contratos. Un mes después el mensaje que se traslada es justo el contrario. Ni una medida ni otra cuentan con el aval del socio minoritario del Gobierno, Sumar, que rechaza por ineficaces estas medidas fiscales porque a su juicio contribuyen a agrandar la desigualdad entre caseros e inquilinos. Sumar quiere un único decreto que incluya una prórroga automática de los contratos que vencen este año. El propio Consejo de Ministros está dividido.

La política tributaria es una herramienta fundamental de la acción de un Gobierno y las decisiones en materia de impuestos no solo son legítimas sino necesarias. Aplicada a la vivienda, puede corregir desequilibrios e incentivar unos comportamientos sobre otros. Sin embargo, la crisis habitacional no puede combatirse con anuncios inconexos e incluso contradictorios que solo añaden confusión al mercado y generan inseguridad tanto para los propietarios como para los inquilinos. Los propietarios no saben si les conviene más subir el alquiler a precio de mercado, congelarlo o bajarlo. Políticamente, la impresión de improvisación tampoco ayuda a la credibilidad.

La vivienda se ha convertido en el gran termómetro social y político de España. Los ciudadanos lo identifican con acierto como el principal problema del país y es el origen, junto con los bajos salarios, de la grave crisis de asequibilidad que vive la sociedad española pese a la buena marcha de los indicadores económicos. Bienvenidas todas las medidas destinadas a paliar lo que es un drama para la clase media española. Pero con claridad.