Golpe de autoridad en la Fiscalía de México

El relevo en la Fiscalía General de México supone el movimiento más audaz, y quizá más arriesgado, de la presidenta Claudia Sheinbaum desde que llegó al poder. Tras la abrupta caída de Alejandro Gertz Manero, precipitada por años de cuestionamientos y por recientes tensiones en el partido Morena, la presidenta decidió imponerse. La designación de Ernestina Godoy, una aliada histórica y figura central de su círculo político, es un golpe en la mesa, una señal inequívoca de que Sheinbaum ha optado por asumir el control directo del aparato de justicia de México.

La salida de Gertz, un viejo lobo político de 86 años, lejos de ser un trámite, supuso el fin de un periodo de erosión institucional que dejó expedientes estancados, choques internos y una sensación extendida de impunidad. En cuestión de horas, Sheinbaum propició la renuncia del fiscal; la presentación de la terna para sustituirlo y la ratificación del Senado dibujaron un poder Ejecutivo sin fisuras, capaz de recomponer Morena tras semanas turbulentas y de enviar un mensaje de disciplina interna.

El nombramiento de Godoy concentra en manos de la presidenta un poder sin precedentes en materia de seguridad y procuración de justicia, y ha sido criticado por el riesgo de que la ya cuestionada autonomía de la Fiscalía se diluya aún más bajo una fiscal tan cercana al Ejecutivo. Pero conviene recordar que tampoco Gertz fue un fiscal autónomo en sentido estricto: ejerció su propio margen de poder, con una agenda personal que muchas veces chocó con el espíritu mismo de la institución. Esa deriva explica en parte el desgaste acumulado en los últimos años.

La clave ahora no es si Sheinbaum tiene el control, que lo tiene, sino qué hará con él. La presidenta ha heredado una Fiscalía debilitada, con atrasos en casos emblemáticos, escasa credibilidad social y poca eficacia frente al crimen organizado. Ernestina Godoy deberá demostrar que su cercanía con el poder político no le impide construir una institución profesional, transparente y capaz de enfrentar la violencia que atraviesa al país. Si no lo logra, el coste político recaerá directamente en quien la nombró.

Lo que está en juego ya no es solo el desempeño de la Fiscalía: es la promesa de un nuevo modo de gobernar. Al asumir un control tan amplio del sistema de justicia, Sheinbaum renuncia a la coartada de la herencia y se convierte en responsable de cada avance y cada fracaso. Lo que para algunos es un acto de poder, para ella es también una carga: la obligación de demostrar que la centralización puede producir resultados y no nuevos abusos. Los próximos meses mostrarán si este golpe de autoridad fue un acto de liderazgo necesario o una jugada que compromete el equilibrio institucional. Sheinbaum, en un momento de fragilidad política, ha decidido apostar fuerte. Ahora deberá gobernar a la altura de esa apuesta.