Ayuda universal para la crianza

De los diferentes problemas de desigualdad que España no logra resolver, pese al innegable crecimiento y a los avances de los últimos años, la persistencia de la pobreza infantil es uno de los más dolorosos. El 34,6% de los menores de edad, unos 2,7 millones de personas, viven en riesgo de pobreza o exclusión social, según el último informe de Unicef, presentado esta misma semana. De ellos, unos 2,3 millones viven bajo el umbral de la pobreza.

El dato no solo supone la tasa más elevada de la Unión Europea, algo impropio de una economía y una sociedad desarrolladas como las de España, sino que ha ido creciendo desde la crisis de 2008 (mientras que se reducía para el conjunto de la población).

Sin ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital, la pobreza infantil se agravaría claramente. Pero años después de su puesta en marcha, sus dificultades de gestión y cobertura, o el hecho de que no lleguen a miles de sus potenciales beneficiarios ha reducido sus efectos. A ello se suman las carencias del sistema fiscal en materia redistributiva y que España es uno de los países de la UE que menos invierte en políticas de infancia y familia respecto a su PIB.

El Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de avanzar hacia una prestación universal por crianza, cuestión sobre la que no existe un consenso cerrado entre los dos socios de coalición. Esta semana, Unicef insistía en que es la política que cuenta con un mayor potencial para recortar estructuralmente la pobreza infantil, algo en lo que coinciden otras muchas entidades y expertos. Un total de 19 de los 27 socios de la UE disponen de un instrumento de ese tipo.

Sin entrar en el debate de cual debería ser su cuantía para cada familia, lo relevante de la propuesta es la necesidad de que las ayudas lleguen a cuantos las necesitan. Erradicar de forma duradera la pobreza infantil no depende únicamente de las prestaciones monetarias. Resulta indispensable reforzar la protección que ofrece el Estado de bienestar para acabar con una lacra que no solo afecta a las vidas, los derechos y el futuro de miles de niños y adolescentes, sino que tiene un cuantificable coste económico para el país: más de 63.000 millones de euros anuales, según el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

España registró en 2024 la cifra más baja de nacimientos en 83 años de estadísticas oficiales: 318.005 recién nacidos. Es por tanto oportuno recalcar que la mejor política de natalidad es aquella que facilita que quienes deseen tener hijos no deban renunciar a ello por simple penuria económica.