Incumplir la Constitución

El próximo miércoles comenzará el mes de octubre. No es una fecha cualquiera en nuestro calendario democrático. Según se lee en el artículo 134 de la Constitución, sin ninguna ambigüedad, “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Es decir, nuestra norma fundamental exige al Ejecutivo someter a la Cámara baja la ley más importante de cada ejercicio. Dentro de tres días, el Gobierno estará incumpliendo una de sus encomiendas constitucionales más relevantes y sorteará un mecanismo básico de control al poder.

No es la primera vez. De hecho, durante esta legislatura no se ha respetado ese precepto ni una sola vez. O lo que es lo mismo: la actual composición del Congreso, que representa la voluntad expresada por los españoles el 23 de julio de 2023, ha sido incapaz de conformar una mayoría con posibilidades de aprobar, aunque solo fuera en una sola ocasión, unos Presupuestos Generales del Estado. Pero quizá lo más grave no sea la inexistencia de un bloque parlamentario capaz de dotar a España de unas nuevas cuentas. Lo más inquietante es que, ante la certeza de que el proyecto presupuestario no prosperaría, el Gobierno ha optado reiteradamente por incumplir su imperativo constitucional por miedo a sufrir una derrota que, de forma casi inevitable, exigiría la convocatoria de elecciones.

Pedro Sánchez cuenta con una hemeroteca tan amplia como elocuente. En 2018, ante las dificultades de Mariano Rajoy para sacar adelante unos presupuestos, el líder socialista le recordaba al entonces jefe del Ejecutivo que debía presentarlos o dimitir. Aunque hoy no quede rastro de aquel prurito democrático, algunos lapsus del presidente resultan de lo más reveladores. Si en noviembre de 2019 no tuvo empacho en alardear en público de controlar la Fiscalía General del Estado —otro hecho institucionalmente inasumible—, en septiembre de 2024 se jactó de estar dispuesto a gobernar con o sin el concurso del Legislativo. Mientras tanto, indicadores tan relevantes como los del Banco Mundial, WJP Rule of Law Index o V-Dem siguen alertando de la degradación paulatina de nuestra democracia.

Lo que volverá a ocurrir este miércoles en España es un acontecimiento político de primer orden y entraña una extraordinaria gravedad. Me temo que a muchos de nuestros custodios de la democracia el asunto les cogerá, una vez más, mirando a Viktor Orbán o a Donald Trump.