La nueva fiscalía de delitos contra la Administración publica

Según datos de la CEOE sobre la producción normativa desarrollada durante 2022, los distintos boletines oficiales de las Comunidades Autónomas registraron en sus publicaciones un total de 1.075.108 páginas; constituye, según la fuente, la cifra más alta de los últimos once años. Por su parte, la Unión Europea aprobó 1.041 reglamentos, 28 directivas y 1.180 decisiones. Datos todos ellos que nos dan una idea de lo inviable que resulta tener actualmente un conocimiento profundo del Derecho en su conjunto. Más que nunca podemos acudir al proverbio “aprendiz de mucho, maestro de nada”. Es necesaria la especialización como también lo es crear las estructuras que permitan su normal desarrollo.

De esto se hizo eco la Fiscalía General de Estado hace décadas, cuando comenzó allá por los años 90 a la creación progresiva de unidades especializadas como mejor forma de defender los intereses de la ciudadanía y enfrentarse a despachos profesionales que llevaban mucho tiempo concentrados por disciplinas. Ejemplo de ello fue la creación de la figura de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer en 2004, mismo año en que Cándido Conde-Pumpido anticipó el nombramiento de una Fiscalía de Sala delegada en materia de víctimas de terrorismo, que pasaría después a ampliar su protección a toda víctima en el proceso penal. Luego vinieron otras Fiscalías de Sala: siniestralidad laboral en 2005, medioambiente y extranjería en 2006, menores en 2007, cooperación penal internacional y criminalidad informática en 2010… y los fiscales fuimos poco a poco depurando el derecho y acercándonos a los problemas de los ciudadanos con mayor conocimiento.

Sin embargo, el germen de todo esto se encuentra en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, nacida en 1995 siendo Fiscal General del Estado Carlos Granados. El aniversario de sus 25 años se celebró hace poco; tuvo que aplazarse a 2022 por la pandemia, pero fue un día de orgullo para esta institución. Hoy nadie discute la importancia que tuvo su creación como medio para luchar contra la delincuencia económica organizada, y los fiscales llevamos como bandera el hecho de haber sido una iniciativa pionera en Europa. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. De hecho, hubo grandes sectores que la concibieron como una amenaza. La mayoritaria Asociación de Fiscales consideró que no era “ni procedente, ni útil, ni necesaria”, y su presidente por aquel entonces, Ortiz Úrculo, declaró que “el modo de nombramiento de los que van a formar parte de esta fiscalía anticorrupción participa del sistema discrecional y son nombramientos que, al final, se hacen por el Gobierno. Esto supone que no tenga la credibilidad necesaria”. Por su parte, Jesús Cardenal, por entonces Fiscal General, se mostró en 2003 partidario de suprimirla bajo el argumento de que todos los fiscales estamos preparados para afrontar todas las actuaciones. El tiempo ha demostrado que se equivocaban y que gracias a ella se ha acabado con importantes focos de delincuencia en este país.

A lo largo del mes de abril será propuesto por el Fiscal General, previa audiencia del Consejo Fiscal, el futuro Fiscal de Sala de la nueva Fiscalía de delitos contra la administración pública, y vuelven a surgir idénticas críticas orientadas a su condición coyuntural de instrumento político, obviando con ello la vocación de permanencia con que nace toda estructura orgánica.

Decía Anatole France que “el árbol de las leyes debe podarse continuamente”. Si queremos hacer del Derecho algo vivo, hay que ir corrigiéndolo para adaptarlo a la sociedad que en cada momento somos, y esto no se consigue sin regenerar y modernizar al tiempo las instituciones encargadas de poner la ley al servicio del ciudadano.

Llueve sobre mojado.