Más de la mitad de las leyes aprobadas en España los últimos cinco años tienen origen europeo

Desde hace un año, los ciudadanos españoles que deciden inscribirse como parejas de hecho cuentan con los mismos días de vacaciones que si se hubiesen unido en matrimonio. También existe un permiso retribuido de cinco días al año por cuidados de familiares o convivientes enfermos. Estos derechos han llegado a la legislación española impulsados desde Europa, como el 53% de las leyes que se han aprobado en las Cortes durante la última legislatura del Parlamento Europeo (2019-2024). De las 246 normas que han salido adelante en el Congreso y el Senado durante ese periodo, 51 aplican reglamentos europeos o transponen directivas y otras 81 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias.

En 2023, el 72% de las leyes aprobadas en España tuvieron origen europeo. De las 25 que salieron adelante, siete respondieron a la aplicación de reglamentos comunitarios o al mandato de transposición al ordenamiento jurídico español de directivas europeas. La ley que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción es un ejemplo de transposición de una directiva europea de 2019. Otra de las leyes con clara influencia continental, cuyo texto legal alude a dos resoluciones del Parlamento Europeo, es la conocida como de bienestar animal, con la que se fomenta el uso responsable de mascotas y se castigan situaciones de maltrato.

El año anterior, en 2022, el porcentaje de leyes con influencia europea fue el 57%, entre ellas el reglamento que recoge las normas que deberán aplicar los Estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la nueva Política Agrícola Común (PAC). En 2021, el 51% de las leyes tuvieron origen comunitario; en 2020, el 50%, y en 2019, el 42%.

Los derechos que hemos mencionado al comienzo de este artículo, que antes de la disolución de las Cortes en 2023 iban a formar parte de la conocida como Ley de Familias, son solo un ejemplo de normas que emanan de Europa, en concreto de la Directiva Europea de Conciliación 2019/1158, que como desvela en su nombre, lleva desde 2019 marcando a los Estados miembro el rumbo en materia de conciliación. Maria Julià, profesora de Derecho Internacional Público y de la UE de la UOC, explica que esta relación legislativa cada vez más cercana está estrechamente vinculada a la profundización en el proceso de integración europea: “La actividad legislativa de la Unión ha aumentado mucho debido, sobre todo, a la integración económica, que ha comportado una extensa regulación en todo lo que es la configuración del mercado único, necesaria para garantizar la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales y, ahora mismo, la regulación de los servicios digitales y el uso de la IA abre también la puerta a un aumento de legislación en este campo”.

La Unión Europea legisla mediante distintas herramientas, algunas son vinculantes y de aplicación directa en los países miembro y otras no. La norma más severa son los reglamentos, que deben aplicarse en su totalidad en todos los territorios; después, están las directivas, que son vinculantes, pero se integran en la legislación propia de cada país. “El objetivo de estas normas es, en aquellos casos en que por la materia los Estados son más reticentes a ceder el ejercicio de su competencia nacional, intentar establecer un mínimo común que cumplan todas las legislaciones”, cuenta Julià. El tercer instrumento vinculante son las decisiones, que las deben tener en cuenta únicamente los aludidos o a quienes les aplica. Y por último, existen las recomendaciones y los dictámenes, que son instrumentos de menor rango y no vinculantes.

Las directivas europeas no llegan a las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la misma manera. Los países las incorporan y adaptan a sus leyes dentro del plazo establecido y entonces comunican a la Comisión Europea en qué iniciativas se cumple con la trasposición. Esta debe examinar si se ha hecho de manera correcta, si se cumple lo establecido y si no está conforme, puede abrir un procedimiento de infracción contra dicho país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

A fecha de hoy, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, España está pendiente de transponer 55 directivas europeas, la mayoría de ellas con fecha límite en 2024, 2025 y 2026. Dos de ellas, relacionadas con los gases de efecto invernadero, debían haberse transpuesto antes del 31 de diciembre de 2023, y otras tres tenían de plazo marzo, abril y mayo de 2024. Julià explica que estos retrasos son frecuentes: “El procedimiento legislativo interno puede retrasarse, bloquearse o puede alargarse más de la cuenta, o incluso puede consistir en una transposición incorrecta o parcial de la norma, lo que puede provocar este retraso y, en algunas ocasiones, el incumplimiento, una vez transcurrido el plazo de transposición de la directiva”.