Rancho de los horrores en México

El horror ha vuelto a sobrecoger a México. En un rancho ubicado cerca de Guadalajara, una de las principales ciudades del país, se ha descubierto, tras la denuncia de familiares de desaparecidos, un centro de tortura y exterminio del crimen organizado. No es la primera vez que se destapa un infierno semejante, pero esta vez la sospecha de que pueden ser cientos las víctimas, la impunidad mostrada por el narco y la sospechosa ceguera de las autoridades han golpeado la fibra de la sociedad mexicana y elevado una petición unánime de justicia que el Gobierno de Claudia Sheinbaum debe atender sin dilación.

En el campo de exterminio utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México y cuyo líder sigue libre, los colectivos de madres buscadoras hallaron hornos crematorios y fosas comunes con fragmentos óseos, zapatillas, mochilas y otros objetos personales. Este atroz escenario no estaba oculto en un lugar inalcanzable, sino en un rancho a solo a una hora en coche de la capital de Jalisco. Y, lo que reviste una enorme gravedad, tampoco estaba fuera del radar de las autoridades. El pasado mes de septiembre, la Fiscalía del Estado de Jalisco registró el terreno tras detener a unos sospechosos. Rescató a dos personas retenidas allí, inspeccionó las instalaciones, encontró armas, casquillos y otras evidencias, pero la investigación no avanzó.

La primera reacción de la presidenta Sheinbaum ha sido exigir transparencia e información al gobernador y a su Administración. El fiscal general anunció una investigación sobre los fallos de las pesquisas en el llamado rancho Izaguirre y quiso dejar claro que “no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales y del Estado”. Al evidente escándalo, posible solo en un sistema cooptado por el crimen organizado, se suman unos complejos equilibrios políticos. La posición del Gobierno mexicano es en estos momentos especialmente delicada por la guerra arancelaria abierta por Trump. Y el principal argumento del demagógico presidente de EE UU para justificar su ofensiva comercial es, además de la migración, la seguridad en la frontera y el tráfico de fentanilo. En otras palabras, la impunidad con la que operan los carteles.

La presión de Trump ha contribuido a erosionar la política conocida como “abrazos, no balazos”, impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum y su hombre fuerte en materia de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, han anunciado estos últimos meses miles de detenciones, incautaciones de drogas y armas o intervenciones en laboratorios ilegales. Sin embargo, el horror de este centro de exterminio demuestra que no es suficiente con hacer anuncios y aumentar detenciones: aún existen amplias zonas de México donde la presencia del Estado sigue siendo endeble y las fuerzas de seguridad sucumben ante el narco. La prioridad de la presidenta debe ser acabar con la impunidad del crimen organizado y establecer, más allá de las demandas de Washington, una estrategia estructural, con un pacto de Estado que aúne a todas las fuerzas políticas y poderes, para poner fin a estas mafias, el único camino para reducir la violencia que sufren los mexicanos.