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La “guerra civil de carteles” coloca a México en el cuarto país del mundo con un conflicto más extremo

La organización de análisis de violencia ACLED sitúa al Estado solo por detrás de Palestina, Myanmar y Siria en su informe de 2024

Carteles mexicanos
La policía trabaja en la escena de un coche bomba en Culiacán, Sinaloa, el 3 de diciembre de 2024.José Betanzos Zárate (Cuartoscuro)
Beatriz Guillén

No es un secreto el nivel de violencia que vive México. Lo alertan las organizaciones de derechos humanos, los activistas y analistas, se evidencia cada día contando muertos en periódicos y noticiarios. Solo en este año, Chiapas se ha convertido en una frontera tomada, Sinaloa es presa de una batalla campal entre grupos del crimen organizado y la matanza de policías y políticos se repite en Guanajuato y Guerrero. A eso se suma una violencia cotidiana que, en total, deja un rastro de más de 30.000 asesinatos al año. La crisis del país se evidencia también fuera de sus fronteras. La organización de mapeo y análisis de violencia ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) ha situado en su informe de 2024 a México como el cuarto país con el nivel de conflicto más extremo del mundo, solo por detrás de Palestina, Myanmar y Siria.

“Los lugares más violentos están experimentando tipos de conflicto muy diferentes: desde campañas de bombardeos en Oriente Próximo, violencia colectiva en la India o una guerra civil entre carteles en México”, señala la ONG internacional que, con sede en Estados Unidos, lleva 10 años rastreando conflictos políticos violentos. A nivel global, ACLED registra unos niveles de violencia “sin precedentes” recientes con 200.000 incidentes violentos en 2024 (el doble de los que se registraron en 2020 y un 25% más que en 2023) y más de 230.000 muertos. Esto implica que una de cada ocho personas en el mundo está expuesta a conflictos y que 50 países sufren un nivel de violencia extrema.

En su análisis de México, la organización resalta que el país es el segundo más peligroso para civiles —después de Palestina—, el cuarto con más fragmentación entre grupos violentos y el séptimo más mortal (el primero es Ucrania). La organización pone como ejemplo el ataque con drones de La Familia Michoacana que causó 30 muertos en Guerrero, los más de 4.000 desplazados forzados en Tila (Chiapas), o los secuestros recurrentes en Culiacán (Sinaloa). Para su comparativa con otros países, ACLED considera como aspecto clave que en 2024 se registraron más de 500 eventos violentos contra figuras políticas en México. Las elecciones del 2 de junio se dieron “en medio de una escalada de violencia en todo el país, con el propio proceso electoral empañado por niveles de violencia sin precedentes”, apunta el informe.

La organización —que no tiene ánimo de lucro y fue fundada por Clonadh Raleigh, profesora de Violencia Política en la Universidad de Sussex (Reino Unido)— detalla que además de los focos ya establecidos, como Guanajuato, Nuevo León o Michoacán, en 2024 se han ampliado “las zonas de conflicto, con una violencia que superó los niveles registrados en 2023 en al menos 14 de las 32 entidades”. Detrás de esto está la fragmentación del Cartel de Sinaloa y su pugna con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de la lucha con otros grupos criminales locales, que ha llevado a que haya aumentado en un año un 18% la tasa de letalidad de los enfrentamientos entre grupos armados, según las cifras de ACLED.

“El caso mexicano es bien difícil de definir, es un caso extraordinario. Para las organizaciones internacionales, que tratan de comparar entre países, supone un reto metodológico y teórico”, apunta el analista en seguridad Carlos Pérez Ricart, “el concepto de guerra civil de carteles es un intento casi fallido para describir una realidad que no se da en otra parte del mundo, un intento por acercar la teoría a una realidad compleja”. Sin embargo, Pérez Ricart resalta el proyecto serio de ACLED y lo que supone esa etiqueta para México: “Lo primero es reconocer que estamos en un país con zonas de conflicto extremo, donde los civiles son particularmente amenazados, y reconocer que no es nuevo, que llevamos 15 años al menos en esa realidad, que de nada sirve esconderla, al contrario, afrontemos el contexto, entendiendo la particularidad mexicana. Hay que entender los flujos de armas y drogas en los que está México inmerso por tener el mercado de drogas y armas más grande del mundo al norte. Reconozcamos que es transnacional, que no todo es achacable a la realidad política mexicana”.

En su análisis de México, ACLED hace un zoom in y resalta que “las desavenencias en el seno del cartel de Sinaloa, presente en al menos 10 Estados, han alterado la dinámica delictiva en otros lugares y extendido la violencia a Chihuahua y Sonora”. Recoge la “fragmentación del panorama criminal” en Tabasco, donde una escisión dentro del grupo local La Barredora en diciembre de 2023 ha encendido las disputas por el control de las rutas de tráfico de migrantes entre los grupos criminales locales y con el CJNG. También las luchas territoriales de este último con el cartel de Santa Rosa de Lima por el control del robo de combustible en Guanajuato. Apunta a una posible alianza entre el CJNG y Los Chapitos “para desafiar a Los Mayitos en Zacatecas”: “Una alianza de este tipo podría exacerbar la violencia en los territorios disputados internamente por el cartel de Sinaloa y en las regiones donde el CJNG y el cartel de Sinaloa están enfrentados”.

Con estas fisuras presentes, la organización pronostica un 2025 con niveles de violencia aún mayores que los de este año. En parte por la gran elección de jueces que se llevará a cabo en junio y que “expone a candidatos que pueden ser más vulnerables a la influencia partidista o criminal, e incentiva a las bandas a penetrar en las instituciones del Estado mediante ataques selectivos o cooptación”. “A largo plazo, el aumento de la influencia criminal en las instituciones judiciales podría contribuir al aumento de la impunidad”, señala el informe.

Además, ACLED pone el foco en la nueva estrategia de seguridad, a manos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch, y en el endurecimiento de la política estadounidense con la llegada de Donald Trump. “Sheinbaum, que asumió el cargo en octubre de 2024, se enfrenta a un panorama de pandillas en remodelación y a una violencia potencialmente mayor en el próximo año”, concluye.

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Sobre la firma

Beatriz Guillén
Reportera de EL PAÍS en México. Cubre temas sociales, con especial atención en derechos humanos, justicia, migración y violencia contra las mujeres. Graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS.
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