Escarnio de una denunciante

Casi 200.000 mujeres denunciaron en 2023 ser víctimas de casos de violencia de género en España, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ese mismo año, las fuerzas de seguridad registraron cerca de 22.000 delitos sexuales, según Interior. Muchas de ellas se preguntarán probablemente ahora qué reparación les puede ofrecer la justicia tras ver el vídeo del indignante interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá, tras denunciar esta por agresión sexual al exdiputado Íñigo Errejón. El daño es profundo. Al escuchar preguntas como: “¿No sería que usted sí quería algo con ese señor?” o “¿usted le dijo que parara?”, muchas futuras víctimas se cuestionarán si merece la pena presentar una denuncia y tener que verse en esa situación.

El vídeo del interrogatorio a Mouliaá, filtrado a varios medios, retrata a un juez que, más allá de su lenguaje o de su evidente falta de empatía con una mujer que comparece como denunciante de un grave delito contra su libertad sexual, perpetúa los peores estereotipos y el cuestionamiento a las denunciantes de estas agresiones. Un interrogatorio inquisitorial que carece de sentido en esta fase inicial del proceso contra el exportavoz de Sumar. Resultaría más propio de un abogado defensor que del juez que se supone debe arrojar luz sobre la causa y hacer justicia.

La actuación de Carretero evidencia todo lo que todavía falta por recorrer para que la justicia aborde los casos de violencia sexual con una perspectiva de género y garantice la protección integral de las afectadas. Cuestión a la que, además, obliga la Ley de Libertad Sexual. Sobre todo, lanza una imagen que puede disuadir a muchas mujeres de presentar una denuncia formal, el mejor camino para que se haga justicia en un Estado de derecho, o de declarar contra su agresor si van a ser revictimizadas o cuestionadas de esta manera. En el 10% de los casos de violencia machista denunciados en 2023, la víctima renunció a declarar, un porcentaje que se mantiene estable en los últimos años.

Algo falla en la justicia española si pese a los innegables avances de las políticas feministas en todos los ámbitos, también en el judicial, las mujeres siguen desconfiando de los procedimientos institucionales y en algunos casos acaban teniendo como opción denunciar de forma anónima en las redes sociales las agresiones sexuales que sufren.

Este caso muestra también la pervivencia de la idea de que las mujeres han de ofrecer una mayor oposición y reacción en situaciones de violencia machista, lo que contradice todo el conocimiento tanto científico como sociológico y psicológico sobre la misma.

El CGPJ ha abierto una investigación a Carretero, quien ha asegurado que pedirá amparo por las críticas, tras recibir miles de quejas —un número excepcional— por su actuación. Estas diligencias informativas son un trámite siempre que el Poder Judicial recibe quejas sobre la actuación de un juez. Su desarrollo mostrará cuál es la sensibilidad de una institución —por vez primera con una mujer en su presidencia— en la que apenas hay precedentes de sanción por este tipo de comportamientos. El CGPJ ha mostrado por ahora más interés en criticar la filtración del vídeo que en la propia actuación del juez. La filtración ha servido para mostrar a la sociedad lo que demasiadas mujeres siguen teniendo que soportar en los tribunales.

La violencia sexual se enmarca en un machismo que es estructural. Acabar con él implica a toda la sociedad, pero la responsabilidad es mucho mayor en quienes, como los jueces, tienen en su mano la reparación de las víctimas.