Leyes para proteger al poderoso

Las reformas son urgentísimas cada vez que le interesa al poder, y solo entonces. La proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista pretende restringir la acusación popular. La Constitución de 1978 establece que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular […] en la forma y con respecto a los procesos penales que la ley determine”. El procedimiento escogido elude informes y consultas. Para la fundación Hay Derecho, “esta ley supondría la absoluta desnaturalización de una garantía institucional consagrada por nuestra Constitución”. Una de las funciones de la acusación popular es la fiscalización del ministerio fiscal. El instrumento es una figura incómoda —el PP quiso reformarlo en su momento—, que ha posibilitado abusos y fraudes, pero también ha hecho que se impulsen casos importantes, de Gürtel a Bárcenas, pasando por los GAL, el Palau o Nóos. Solo una proeza de ingenuidad o mala fe permite ignorar que el objetivo de la reforma es obstaculizar la actuación de la justicia en casos que afectan a familiares del presidente del Gobierno. Una disposición transitoria exige que la reforma se aplique a procedimientos en curso.

El resto de los pasos son bien conocidos. La reforma, como la ley de amnistía, se diseña para casos y personas concretas. La chatarra argumental también es reciclada: buscamos la “homologación” con Europa. Se comparan elementos aislados y se señala como éxito o aberración lo que conviene (una anomalía clara sería tener a un fiscal general del Estado imputado, pero tampoco vamos a detenernos en nimiedades). Hay indignación y debates, alarmas y justificaciones. Los optimistas dicen que la propuesta es un globo sonda; una maniobra de distracción. Como señala Josu de Miguel, se superan los trámites y se aprueba cuando todo el mundo está cansado y pendiente del próximo atropello: algo que tampoco va en serio, solo es un globo sonda o una maniobra de distracción.

Las noticias sobre las actividades económicas de familiares del presidente del Gobierno y las investigaciones en torno a ellas han inspirado intentos de intervención en la prensa y el sistema legal. El PSOE ha asumido el discurso del lawfare del independentismo y la extrema izquierda. En nombre de una democracia supuestamente amenazada se ataca a la prensa y a los jueces (a quienes es imprescindible desacreditar previamente: serán pseudomedios y franquistas). Políticos progresistas presentan medidas pensadas para proteger a los poderosos: esa parece ser la preocupación principal de muchos luchadores por la igualdad.