Trabajar por los Presupuestos

El Gobierno ha elevado de nuevo sus previsiones para la economía española, acercando el crecimiento para este año al 3%, por encima de las grandes economías de la zona euro. La mejora viene acompañada de la revisión al alza efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Producto Interior Bruto (PIB), que indica que España salió más rápido de lo que se creía del varapalo provocado por la pandemia y de la mano de un mercado laboral que sigue creando empleo, con la tasa de paro a niveles de 2008. La inflación, que se disparó por la crisis de Ucrania, se ha ido deshinchando hasta situarse prácticamente en línea con el mandato del Banco Central Europeo. Las cuentas públicas siguen lastradas por la abultada deuda pública, del 105% del PIB, pero va a la baja, y el déficit sigue su senda hacia el 3%, lo cual ha dejado a España fuera del brazo correctivo de Bruselas, a diferencia de Francia e Italia.

Pero no está todo hecho. Entre otras vulnerabilidades, España adolece de unos niveles lacerantes de desigualdad y pobreza, los trabajadores acusan la pérdida de poder adquisitivo en la última década, la tasa de paro sigue duplicando la media europea y el costoso acceso a una vivienda digna sigue siendo la gran asignatura pendiente. Solo esas debilidades deberían llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tentarse la ropa antes de sostener que la economía “va como un cohete”, remedo de aquel desafortunado “España va bien” de José María Aznar.

España está lejos de la “profundísima crisis económica” que predijo hace dos años el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a la política nacional. Sin embargo, la economía española debe escuchar los avisos de las instituciones internacionales, que apremian a seguir saneando las cuentas y a rehacer colchones fiscales para poder afrontar futuros golpes económicos. Esa senda hacia el equilibrio fiscal, además, debe acompasarse con una política económica que afronte los principales retos de España: reducir las desigualdades, proteger el Estado del bienestar, promover vivienda asequible y dar respuesta a los desafíos que pueda plantear la inmigración.

Sánchez, precisamente, citó ayer en Nueva York, en un acto organizado por este periódico, como principales desafíos el fortalecimiento del Estado del bienestar —con un sistema de financiación adecuado—, las políticas de vivienda, la transición energética y la mejora de la competitividad, y para ello invocó el informe de Mario Draghi para reclamar a Bruselas que renueve el fondo de recuperación en 2026 y que incluya la deuda común.

Pero además de los planes para la UE, tiene sus propios deberes por delante: los Presupuestos Generales del Estado constituyen la principal herramienta para desplegar todas esas políticas. El Gobierno decidió ayer retirar la tramitación de la senda de estabilidad, indispensable para la confección de los presupuestos, por la falta de apoyos en el Congreso. El Ejecutivo está en su derecho de apurar los plazos para negociar y convencer a Junts, aunque eso le cueste prorrogar temporalmente las actuales cuentas. Del mismo modo, entra dentro de la lógica que el PP rechace respaldar la senda y los presupuestos por mucho que Hacienda advierta de que sus comunidades contarán con menos margen de maniobra.

Sin embargo, Sánchez no debería sucumbir a la tentación de prorrogar de nuevo los Presupuestos de 2023, aunque lleven su impronta, y hurtar al Parlamento el debate sobre su política económica. A pesar del ruido partidista, la economía está ahora bajo control. Pero las crisis suelen llegar de forma repentina. Y para responder a otro hipotético revés o seguir adelante con la agenda reformista pactada con Bruselas para obtener los fondos comunitarios, la mejor receta pasa por rearmar una mayoría y aprobar unas cuentas públicas, y con ellas afianzar la hoja de ruta de la legislatura. Por mucho que la fragmentación parlamentaria y los equilibrios territoriales lo hagan difícil, esa es la próxima prueba de fuego de Pedro Sánchez, con permiso de la reforma de la financiación autonómica.