Dividir Europa a costa de Venezuela

Venezuela es un tema de política nacional para el PP, que utiliza el destino de aquel país para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Ayer, saltándose la norma no escrita de las instituciones europeas que consiste en evitar su instrumentalización para fines partidistas de política interna, hizo que el Partido Popular Europeo se aliara con la ultraderecha para, con sus votos, conseguir que la Eurocámara reconociese a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Como en el caso del Congreso de los Diputados hace una semana, la votación que tuvo lugar ayer en Estrasburgo es todo un símbolo, pero sin efectos prácticos: la Eurocámara carece de competencias para reconocer gobernantes. La alianza con los ultras ni siquiera sirvió a los populares para que el Parlamento instase a la UE y a sus Estados miembros a dar también el paso del reconocimiento, algo que por ahora no ha hecho ninguno de los Veintisiete, incluidos los países gobernados por fuerzas conservadoras.

La posición de los Ejecutivos de las principales capitales europeas gobernadas por la familia popular es la misma que la de la UE, la de EE UU y la de los organismos internacionales que vigilaron las elecciones sobre el terreno: a estas alturas pocos dudan de que las elecciones celebradas en julio tienen toda la apariencia de un fraude y de que hay serios indicios de que se produjo una victoria de la oposición. En el Parlamento Europeo el consenso en torno a la defensa de la democracia en Venezuela, la denuncia de la represión, la condena de la deriva autoritaria del régimen chavista y la necesidad de transparencia sobre los resultados de los comicios es también común a los aliados habituales del grupo popular europeo, esto es, socialistas, liberales y verdes. El PP español ha preferido, sin embargo, llevar a los suyos a pactar con la ultraderecha.

El Ejecutivo de Sánchez forma parte del citado consenso, de ahí lo gratuito de la acusación lanzada por el eurodiputado popular Esteban González Pons de que el Gobierno de España “está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela” por permitir que —como condición para que el chavismo le concediese el salvoconducto que hiciera posible su exilio en Madrid— Edmundo González Urrutia firmara en la embajada de España en Caracas un documento reconociendo la victoria electoral de Nicolás Maduro. Paradójicamente, la acusación de Pons es idéntica a la que, desde el polo contrario, el chavismo ha lanzado al Gobierno a cuenta de la detención de dos ciudadanos españoles a los que acusa sin pruebas de formar parte del CNI. Una pinza de la que ningún beneficio obtienen en este momento los venezolanos.

Edmundo González Urrutia denunció este miércoles las coacciones del chavismo para que firmara el documento y anoche tuvo que salir al paso de las gravísimas acusaciones del PP negando que el Gobierno de España lo hubiera coaccionado. Nada cabe reprochar a González, que llegó a temer por su vida si permanecía en Venezuela, pero sí al Ejecutivo español por no anticiparse en las explicaciones sobre esa escena en la sede de la Embajada de España. Una torpeza del Gobierno porque sabiendo que esa escena existió, parecía evidente que el régimen de Maduro iba a utilizarla para debilitar a la oposición. Lo cual no autoriza a los populares a lanzar acusaciones gravísimas, impropias de un partido de gobierno, utilizando como arma arrojadiza el sufrimiento de millones de venezolanos. Empezando por el de aquel a quien ellos mismos reconocen como presidente electo.