Responsabilidad migrante

La inmigración es el asunto más espinoso en todas las democracias, con lo que un gran acuerdo entre PSOE y PP debería ser un camino de rosas. Que, con algún pinchazo, nos lleve a una España mejor. Bajo los oleajes de la tempestad retórica que azuza la extrema derecha a ambos lados del Atlántico, la corriente de fondo de las políticas se va serenando. Y, por tanto, hay margen para un pacto.

Hasta hace poco, había una política migratoria de derechas (más restrictiva) y otra de izquierdas (más generosa), pero echa un vistazo a Europa y trata de adivinar la ideología de los gobiernos a partir de sus medidas. ¿Quién firma acuerdos con Kosovo para enviar presos extranjeros ahí, o con Ruanda para trasladar solicitantes de asilo, además de adaptar una pequeña isla para desterrar a los que no obtienen el asilo, mientras planea demoler bloques de viviendas para desplazar a foráneos “no occidentales” a otros barrios, en lo que algunos califican como el mayor experimento social del siglo? No, no es un partido de ultraderecha con raíces nazis, sino la socialdemocracia danesa.

En comparación, el cambio de paradigma en la política de inmigración sueca, que busca frenar los abusos en las ayudas sociales y acelerar las expulsiones de irregulares, y que lleva a cabo la derecha tradicional, con el apoyo externo de la radical, es progresista. Tanto o más que el incremento de las deportaciones anunciado por el laborista Starmer en el Reino Unido, o ejecutado ya por el socialdemócrata Scholz en Alemania. Y, al contrario, los acuerdos de la conservadora Von der Leyen y la ultraconservadora Meloni con Túnez o Libia van más en la línea de la filosofía buena (no buenista) de Zapatero tras la crisis de los cayucos: esto no se resuelve enviando a la Armada; hay que dar ayudas económicas a los países de tránsito y origen.

Es la primera razón por la que PSOE y PP deberían llegar a un acuerdo sobre la migración: tranquilos, no vais a romper tabús ideológicos simplemente porque ya no existe ninguno. El segundo motivo es que, mientras en casi todos los países está claro qué partido manda y cuál critica, en España no existe gobierno y oposición en inmigración. De jure, la responsabilidad en última instancia recae en la administración central; pero, de facto, la responsabilidad en primera instancia es de los gobiernos autonómicos (casi todos en manos del PP) que se encuentran con los migrantes. Quieran o no, el fracaso o éxito de la migración (y por ende de España) será tan socialista como popular.