Manual para regeneradores

El debate sobre la “regeneración” democrática se complicó desde que Pedro Sánchez lo bautizó así. Es un apelativo deficiente: amparó en la historia intentos antipartidistas y afanes de cirujanos de hierro. Mejor hablemos de “rectificación”, “mejora” o “profundización” democrática.

Conlleva solo una ventaja. Todos sabemos que versa sobre la desinformación, la erosión institucional, la judicialización de la política, la brutalidad polarizadora. Elabórese un buen manual de acción.

Los ministros Bolaños y Urtasun inician hoy una ronda de contactos para trabar consensos. Titánica. Buscan activar una propuesta necesaria, pero equívocamente formulada por el poder, desde su inicio: como defensa frente al “fango” de la oposición y reacción al activismo ultra (político/judicial) contra la familia del propio presidente. No como una idea abierta para elaborar un libro blanco compartido.

De los factores que urgen a una gran rectificación, sobresale la manipulación informativa. Es una realidad nueva: siempre existió, nunca a escala tan industrial, ni tan geoestratégica. Prueba: Rusia. Segunda prueba: el reglamento europeo sobre la Libertad de los medios de comunicación (20 de marzo de 2.024), acordado entre todos, salvo los extremistas.

Un reglamento europeo se aplica directamente y genera efectos directos, no necesita trasposición —como una directiva—. Eso se explica porque 27 pares de ojos ven más que dos.

Es una buena norma: impone transparencia a la propiedad de los medios y a los apoyos públicos que reciban. Salvo si se auto-traiciona, el conservadurismo español debe aplaudir su aplicación. Pero quizá sea insuficiente: cómo llevar esas transparencias a la práctica, con qué controles e instrumentos. Así que cabe completarlo.

Pero para ello sería pésimo un diktat gubernamental. Una prevención sanamente liberal aconseja guardarnos de las improvisaciones de los gobiernos, incluso de los que aprobamos. A más reglas, más consenso. Sobre todo en asuntos de libertades básicas. La de información lo es: la consagra el título 1 de la Constitución, dedicado a los derechos fundamentales —artículo 20. Son los principios esenciales y las reglas de juego que solo deben modificarse o desarrollarse mediante acuerdo político muy mayoritario y apoyo social incontestable. En esto, todo con todos. Nada sin los demás.