Presidente imputado en la Federación de Fútbol

Pedro Rocha fue proclamado este viernes nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al ser el único candidato con los avales necesarios. Su designación pone fin a los casi ocho meses de interinidad que siguieron a la dimisión su antecesor, Luis Rubiales, por el acoso a Jenni Hermoso, pero lejos de resolver la situación solo añade confusión al caos en que se ha convertido la RFEF. Rocha ha sido proclamado pese a que —al igual que Rubiales, de quien fue vicepresidente económico— está imputado por supuesta corrupción, administración desleal y pertenencia a organización criminal en relación con contratos federativos. Sobre él pesa además un expediente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por falta muy grave al extralimitarse en sus funciones al frente de la gestora que ha dirigido la entidad. Ese expediente puede suponer su inhabilitación.

El Gobierno decidió el jueves que tutelará la federación a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), una medida inédita que muestra la degradación a la que había llegado tras años de descontrol y sospechas. El CSD no llegó a votar la suspensión provisional de Rocha con el argumento, ya nulo, de que no ocupaba ningún cargo. Tampoco actuó contra los componentes de la gestora y perdió la oportunidad de legitimarse para pedir a la FIFA una intervención conjunta de la federación. El CSD creará una comisión que vigilará la RFEF hasta que se celebren elecciones para el periodo 2024-2028, comicios que Rocha convocará previsiblemente para septiembre. Su continuidad y la de sus directivos, aun si se limita como pretende el CSD a la mera administración ordinaria, pone en duda la capacidad de regeneración de una entidad en la que el clientelismo parece tener carta de naturaleza.

La intervención resultaba imprescindible. Por ello, y si el objetivo es restituir la reputación del fútbol español, como dijo el jueves el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, sorprende la falta de contundencia y de concreción sobre la capacidad ejecutiva real que tendrán los miembros de la comisión.

La creación de ese comité ha despertado ahora la preocupación de la FIFA y de la UEFA, que evaluarán si puede afectar a la independencia de la RFEF, sin injerencias del Gobierno. Ambas van a seguir atentamente la actuación del comité, lo que obliga al Ejecutivo a obrar con la máxima cautela y transparencia. En juego está una hipotética expulsión de las selecciones y los clubes españoles de las competiciones internacionales, con la Eurocopa de Alemania y los Juegos Olímpicos de París en puertas, posibilidad no por remota menos preocupante. La FIFA analiza igualmente si la organización conjunta con Portugal y Marruecos del Mundial 2030 puede verse afectada.

Desde que la RFEF entró en coma por el caso Rubiales, la imagen del futbol español y de sus profesionales ha resultado muy dañada por unos gestores ajenos durante demasiado tiempo a un control efectivo de las autoridades. La Roja va a disputar la Eurocopa, a la que seguirán los Juegos, con presencia de la selección masculina y la femenina. Uribes acertó a recalcar que es impensable que en ambos acontecimientos el representante de una de las principales selecciones sea un encausado penal. Pero debe medir muy bien sus pasos para que la incuria federativa no termine afectando a futbolistas y aficionados, los primeros interesados en acabar con este caos, y al propio prestigio de España.