La tragedia no puede ser costumbre

Al menos cuatro personas murieron en un cayuco rescatado en la noche del martes a unos 15 kilómetros de El Hierro. En la embarcación viajaban 68 personas, entre ellas, nueve menores. Se trata de una tragedia más en una ruta del Atlántico que se cobró en 2023 casi mil vidas y ya suma este año 191 muertos o desaparecidos.

La isla canaria menos poblada (11.000 habitantes) después de La Graciosa se ha convertido en el principal destino de la UE para las embarcaciones con inmigrantes y refugiados. Hasta finales de febrero ha recibido a más de 6.500 personas. Aunque la situación en la isla ha mejorado tras el récord de 2023 y ya existe una mínima infraestructura para gestionar los desembarcos —sumada al enorme esfuerzo voluntario de sus residentes—, tales cifras son un reto a la hora de tratar dignamente a los rescatados. Son necesarios más recursos del Estado y una presencia constante, tanto para atender a los recién llegados como para evitar que la población local se sienta superada.

El archipiélago registró el año pasado la llegada de casi 40.000 migrantes. De mantenerse las cifras de estos dos primeros meses, 2024 puede superarlo con creces. Con razón, su presidente, Fernando Clavijo, instó ayer al Gobierno a convocar una Conferencia de Presidentes que aborde la situación migratoria y active la solidaridad entre autonomías, sobre todo en lo que se refiere a los menores inmigrantes, 5.500 de los cuales están bajo tutela canaria.

El cayuco de esta última tragedia había partido varios días atrás de Mauritania, de donde zarpa la mayoría de las barcas que están llegando a las islas. Este país, origen del 83% de los flujos migratorios de la ruta atlántica, se ha convertido en un socio habitual de España y del conjunto de la Unión a medida que la pobreza, el terrorismo y las crisis se han ido adueñando de gran parte del Sahel. El ministro español Fernando Grande-Marlaska y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, viajan hoy a Nuakchot para abordar el acuerdo de cooperación que la UE negocia con el Gobierno del general Mohamed Ould Ghazouani, al que los Veintisiete prometieron en febrero apoyar con más de 500 millones de euros. Cerrar acuerdos con los países de los que parte la inmigración irregular —una vía muchas veces polémica por la falta de garantías sobre el destino final de los fondos y, fundamentalmente, por el trato que reciben los inmigrantes— no debe en ningún caso sustituir la búsqueda de vías alternativas al mero control represivo.

La inmigración será una de las grandes cuestiones en las citas electorales de este año, especialmente de las europeas de junio. De su gestión cabal depende no solo la salud democrática de los países de acogida y la pervivencia de los valores de la UE, sino también, y sobre todo, la vida de miles de personas que intentan, dramáticamente muchas veces, ejercer el derecho a tener una vida mejor. O, sencillamente, una vida.