Los obispos decepcionan

La reacción de los obispos españoles ante el demoledor informe presentado el pasado viernes por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica española ha sido decepcionante. Si bien, por un lado, la asamblea de la Conferencia Episcopal Española (CEE) asume el reconocimiento del daño cometido, acepta la petición de perdón a las víctimas y expresa su disposición a implementar las recomendaciones que el informe propone, por otro continúa negando la magnitud del problema. Así, rechaza —en boca de su presidente, Juan José Omella— la cifra de 440.000 víctimas que se deduce del informe y trata de diluir su responsabilidad concreta argumentando que esta lacra “va más allá de la Iglesia”. Además, condiciona su participación en el fondo de compensación a que dicho resarcimiento se extienda a otros ámbitos de la sociedad.

A la defensiva, Omella, en nombre de los obispos, rechaza la extrapolación de la encuesta —encargada por el Defensor del Pueblo y realizada a 8.000 personas—, que arroja el resultado de que el 1,13% de la población ha sufrido abusos durante su infancia en el ámbito religioso. Al presidente de la Conferencia Episcopal le parece escandalosa la cifra resultante. Y es que lo es. Pero en lugar de reconocer la magnitud del problema y del daño causado a las víctimas y a sus familias, el prelado reacciona atribuyendo cierta “intencionalidad” a la extrapolación de las cifras, cuando en realidad el equipo del Defensor ha aplicado una precisa ciencia social y una operación matemática incuestionable. “Somos todos de letras y no de matemáticas”, reconoció el lunes el cardenal ante los periodistas. Por lo que a él respecta, en esto lleva razón.

La jerarquía católica española ha sido muy reacia desde el comienzo a seguir los pasos dados por las conferencias episcopales de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal o Irlanda, que hace ya tiempo —los obispos de EE UU tomaron la decisión en 2003— encargaron por iniciativa propia investigar los abusos sexuales en su ámbito de responsabilidad, publicaron los resultados y los aceptaron.

En España, bien al contrario, los responsables eclesiásticos han minimizado siempre el grave problema recurriendo a la expresión “casos puntuales”, han tratado de desacreditar el exhaustivo trabajo de EL PAÍS sobre esta comisión de delitos y solo han encargado a un despacho de abogados que investigara los hechos una vez que este periódico había hecho llegar un completo dosier al papa Francisco y cuando en el Parlamento español ya estaba en marcha la decisión de encargar una comisión independiente. No hay resultados todavía de los trabajos de la investigación de la Iglesia católica española, que no ha cumplido los plazos prometidos. Ahora niega las cifras del informe del Defensor de Pueblo y condiciona su colaboración económica con una premisa prácticamente imposible de cumplir en el corto plazo. Se trata de una actitud reiterada y prolongada de falta de colaboración.

Durante décadas, los obispos españoles han aplicado el dañino principio de que los trapos sucios se lavan en casa, pretendiendo equivocadamente anteponer el prestigio de la institución al reconocimiento del daño, el castigo a los culpables y la reparación a las víctimas. Resulta incomprensible —máxime a la vista de la inequívoca actitud respecto a los abusos de su superior jerárquico, el Papa— que no acepten la evidencia y no decidan colaborar plenamente en todos los aspectos —investigación, reconocimiento y reparación— de un problema que ha sacudido a la sociedad española.