Electricidad menos inestable

El Consejo Europeo acaba de dar un paso importante para avanzar en la reforma del mercado de la electricidad, un reto crucial para la Unión Europea después del impacto que la crisis energética de 2022 ha tenido sobre la economía del continente a raíz de que la invasión rusa de Ucrania disparase la factura del gas.

Se trata de una reforma destinada a proteger a los consumidores de la inestabilidad de los precios y a acelerar el despliegue de las energías renovables, según reza el texto pactado por 26 de los 27 miembros de la Unión (Hungría se ha desmarcado del acuerdo, lo que empieza ya a ser la norma). Para garantizar esa protección, la nueva regulación busca impulsar el suministro de largo plazo mediante los denominados “contratos por diferencia”. Es decir, contratos entre suministrador y consumidor garantizados por el Estado. Su objetivo es complementar el precio de mercado cuando es bajo y de obligar a las eléctricas a devolver una parte cuando supera cierto límite, evitando de este modo las ganancias excesivas. Se busca así garantizar, en la práctica con un subsidio, la rentabilidad de plantas nuevas que no recurran a combustibles fósiles y, de paso, evitar picos inesperados en las facturas de los ciudadanos.

El punto más controvertido ha sido determinar qué activos pueden acogerse a estos contratos. Pensados originalmente para energías limpias, Francia ha logrado que sus centrales nucleares, que aportan a su red el 70% de la electricidad, puedan beneficiarse de ellos. La Comisión deberá vigilar que la industria francesa no utilice esos complementos para contar con una energía mucho más barata que el resto de sus competidores europeos.

Otra de las medidas adoptadas por el Consejo ha sido eliminar el carácter temporal de los llamados “mecanismos de capacidad”, medidas de apoyo con las que los Estados pueden remunerar a las centrales eléctricas con el fin de garantizar la seguridad del suministro a medio y largo plazo. Como excepción, el Consejo libera a estas ayudas de los límites de emisiones de CO2 hasta diciembre de 2028, lo que beneficiará a las centrales de carbón de Alemania y, sobre todo, Polonia.

La presidencia española, de la mano de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera —que ha liderado este debate desde hace meses en Europa—, ha logrado un acuerdo que parecía impensable y que Francia y Alemania han bloqueado durante meses. Ahora la propuesta del Consejo debe negociarse con el Parlamento Europeo. No obstante, el proyecto pactado queda lejos de las reformas promovidas, entre otros, por el propio Gobierno español, que apostaba también por acabar con el llamado mercado marginalista, al que se atribuye la escalada de precios durante la crisis energética porque fija los costes generales a partir de la fuente más cara, habitualmente el gas.

Además, la excepción aplicada a las centrales de carbón —que se suma a la rebaja de las exigencias para recortar las emisiones de los vehículos acordada hace un mes— va en sentido contrario a la defensa de la descarbonización de la economía que la Unión Europea pretende llevar a la cumbre del clima que se celebra a finales de noviembre en Dubái. Urge, pues, reforzar la apuesta europea por la transición verde y acelerar las inversiones que la hagan posible.