Más represión en Irán

Apenas días después del primer aniversario del asesinato en una comisaría de Teherán de la joven de 22 años Mahsa Amini —detenida el 13 de septiembre de 2022 por no llevar el velo de acuerdo con la regulación religiosa iraní y declarada muerta 72 horas después—, el Parlamento ha aprobado este martes el endurecimiento de los castigos por no usar esta prenda. Expertos de Naciones Unidas ya han calificado esa medida como apartheid de género. Teherán redobla con ella su apuesta represiva tras un año de protestas masivas, no solo por la muerte de la joven sino contra el mismo régimen de los ayatolás, que se han saldado con más de 500 muertos, entre ellos al menos 70 niños, según organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los detenidos se cuentan por decenas de miles y siete de ellas ya han sido ejecutados.

La nueva legislación —pendiente para su entrada en vigor del visto bueno del Consejo de Guardianes, seis de cuyos 12 miembros son clérigos— establece que las mujeres que se muestren en público sin velo podrán ser castigadas con cinco años de cárcel y multas de hasta 1.800 euros. El salario mínimo oficial en Irán es de 580 euros, pero en la práctica apenas llega a los 200. Además, se les puede prohibir conducir e impedir el acceso a los servicios bancarios. Se trata, en suma, de hacer más difícil aún la vida cotidiana independiente a las mujeres que se nieguen a admitir una imposición convertida en símbolo por la teocracia que dirige el país desde la revolución islámica de 1979.

Pero el Parlamento no se ha limitado al velo ni a las mujeres mayores de edad. Su decisión también afecta a las niñas, a las que prohíbe mostrar en público cualquier parte del cuerpo o llevar “ropa fina o ajustada”. El elenco de prendas vetadas incluye bermudas, pantalones con roturas y manga corta, entre otras.

A pesar del hartazgo demostrado en las calles ante un Gobierno represivo incapaz de satisfacer las demandas sociales de su pueblo y que ha sumido el país en un notable aislamiento internacional, el régimen iraní sigue obsesionado con perseguir a sus ciudadanas en cualquier ámbito de libertad. Lo puede hacer, en parte, porque el precio internacional pagado por los ayatolás tras la sangrienta represión desencadenada tras el asesinato de Amini ha sido prácticamente cero. Al contrario, la República Islámica acaba de ver cómo Estados Unidos ha liberado 6.000 millones de dólares de fondos retenidos en el extranjero a cambio de la entrega de cinco ciudadanos estadounidenses arrestados por Teherán. Un importante balón de oxígeno económico para un Gobierno convencido no solo de que la mujer es inferior, sino de que tratarla como tal no tiene consecuencias.