Telefónica como síntoma europeo

Una de las decisiones más esperadas este otoño por el mundo empresarial tiene que ver con la compra de un 9,9% del capital de Telefónica por parte de la empresa de telecomunicaciones saudí STC. El Ejecutivo español tiene que resolver si autoriza que STC, controlada por el Gobierno de Riad a través del fondo soberano PIF, se convierta en el principal accionista de la firma española, considerada estratégica por su posición clave en el mercado de las telecomunicaciones y por ser proveedora habitual del Ministerio de Defensa.

STC asegura que no tiene intención de hacerse con el control de Telefónica. Sin embargo, el precedente de la entrada de Emiratos Árabes en la británica Vodafone a través de la operadora E& podría servir de aviso: empezó con una participación del 10% de la compañía, ha consolidado una posición del 14%, y acaba de anunciar su intención de hacerse con el 20% y dos puestos en el consejo de administración. De ahí la importancia de las condiciones que Moncloa ponga a la operación. Más aún cuando no se trata solo de un inversor extranjero, sino de un Gobierno extranjero.

España siempre ha sido un foco atractivo para la inversión foránea. En 2022 captó más de 34.000 millones de euros del exterior y se convirtió en el tercer receptor de capital de ese origen en el conjunto de la UE. Lo que certifica el buen comportamiento de la economía, la estabilidad jurídica que ofrece el país y sus perspectivas de crecimiento.

Pero la entrada del grupo saudí en uno de los grandes operadores de telecomunicaciones europeos tiene una derivada importante desde el punto de vista de Bruselas y las políticas de competencia de los últimos tiempos. Centradas en la defensa de los mercados interiores, esas normas han dificultado la creación de grandes conglomerados en el continente con el argumento de que menos operadores reducen la competencia en sectores clave y eso va en detrimento de los consumidores. Prueba de ello es la resistencia de la Comisión a aprobar la fusión de Orange y MásMovil, pendiente del dictamen definitivo. En esas condiciones, la baja cotización de las empresas de telecomunicaciones ha dejado importantes marcas nacionales al alcance de compradores extracomunitarios y solo protegidas por eventuales acciones de oro o por el blindaje político en sus respectivos países; en el caso español, el escudo anti-OPA. La consecuencia es la debilidad de Europa en el campo de la tecnología digital frente a potencias como EE UU, China, Corea del Sur o Taiwán. Quizás haya llegado el momento de revisar esas políticas para hacer posible la constitución de grupos europeos fuertes, capaces de operar en el ámbito global y de contribuir al gran objetivo de la autonomía estratégica de la Unión. Siempre con un ojo puesto en garantizar que el proceso no perjudique a los consumidores.