Petrodólares en Telefónica

El Gobierno en funciones tendrá que tomar en las próximas semanas una decisión crítica sobre el desembarco de Arabia Saudí en Telefónica, empresa estratégica española y peso pesado del Ibex 35. El movimiento para hacerse con el 9,9% de uno de los nombres más estrechamente vinculados a España en el exterior pone al Ejecutivo en un compromiso: tendrá que abordar, en pleno proceso de investidura, un asunto espinoso con la certeza de que cualquiera que sea su decisión sentará un importante precedente en Madrid y en Bruselas, desde donde se observa la situación con cautela. En paralelo, Riad negocia con el Gobierno de Giorgia Meloni su entrada en el nuevo fondo italiano para inversiones estratégicas. Antes fue China, hoy es Arabia Saudí, otro gigante extracomunitario.

El envite por Telefónica, valorado en más de 2.100 millones de euros y que convertiría a la petromonarquía en primer accionista, es relevante en sí mismo. Pese a su debilidad bursátil en los últimos años, la empresa de telecomunicaciones se mantiene entre las 10 mayores cotizadas del selectivo. La clave, sin embargo, está en las credenciales del comprador: Saudi Telecom Company (STC), un coloso bajo el paraguas del Estado saudí, dueño de casi las dos terceras partes de su capital.

Arabia Saudí, una dictadura señalada por el trato que dispensa a la mujer y por sus repetidas violaciones de los derechos humanos, no es un socio cómodo. El viaje exprés a Riad del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, es la mejor prueba de que la operación ha cogido a todas las partes —salvo a STC— por sorpresa: ni la cúpula de la empresa ni el Ejecutivo tenían conocimiento de la compra. Aunque se insiste en que la españolidad de la marca no está en riesgo, en la retina permanece la tentativa saudí —finalmente fallida— de llevarse de Madrid la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que el propio Gobierno de Pedro Sánchez calificó de movimiento “poco amistoso”.

Son muchos los cabos que convendría atar en una transacción decisiva en una empresa clave para España: el 9,9%, que le convertiría en primer accionista, es suficiente para sentarse en el consejo de administración. Superar ese límite precisa de autorización gubernamental por la ley antiopas que protege los sectores estratégicos españoles. En este caso, además, al ser Telefónica proveedora habitual de un departamento tan sensible como el Ministerio de Defensa, el listón de la autorización está en el 5%. El Gobierno tiene tres meses para decidir en una cuestión recurrente en el mercado global de capitales: cómo proteger las grandes compañías en áreas fundamentales para la economía y la seguridad de un país.