Europa contra la prostitución

El Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de promover en toda Europa una legislación sobre prostitución de corte abolicionista que penaliza tanto a quienes se lucran con ella como a los clientes. El informe de la Eurocámara no es vinculante, pero implica un pronunciamiento relevante: además de instar a los 27 miembros a adoptar este enfoque legislativo, pide a la Comisión Europea que elabore directrices comunes para la protección e inserción de las prostitutas. El documento entiende que el comercio sexual es una forma de violencia contra las mujeres que actúa a la vez como causa y consecuencia de la desigualdad.

Estrasburgo aboga así por la convergencia normativa en una materia en la que las diferencias legislativas permiten que los clientes se desplacen de los lugares de regulación más estricta a los más permisivos, a veces moviéndose apenas unos kilómetros. Es lo que ocurrió a partir de 2016 con el aumento de la prostitución en la zona fronteriza de La Jonquera (Girona) cuando entró en vigor en Francia la ley que castigaba a los clientes. En la Unión Europea conviven diferentes enfoques. Hay países, como Noruega o Islandia, que aplican el modelo abolicionista implantado en Suecia en 1999 o parecidos, como Bélgica, Dinamarca o Finlandia. En el otro extremo se sitúan los que han optado por legalizar la prostitución como una actividad con obligaciones fiscales y derechos laborales. Es el caso de Holanda, Alemania, Suiza o Austria. España, donde ejercen unas 45.000 mujeres, tiene aún que decidir qué modelo sigue.

En el debate entre regular y prohibir siempre se planea la misma cuestión: la dificultad para controlar una actividad muy lucrativa para quienes la explotan, pero que en la inmensa mayoría de los casos no es voluntaria y se nutre de la extrema vulnerabilidad de las mujeres. En los países donde está prohibida la prostitución no ha desaparecido totalmente y la que queda se ejerce a veces en condiciones clandestinas de alto riesgo. Pero los datos demuestran que se ha reducido drásticamente y que el nuevo marco normativo favorece un cambio cultural. Por su parte, en los países donde se ha optado por la regulación, la prostitución ha aumentado sin que la trata haya desaparecido. La legalización ha contribuido además a banalizar la compra de sexo como una opción más de ocio masculino.

La debilidad de las legislaciones abolicionistas radica en la falta de recursos para la reinserción de las prostitutas, como se ha puesto de manifiesto en Francia, donde a los cinco años de la nueva ley apenas 161 mujeres habían dejado la calle. Por eso, el informe del Parlamento Europeo insta a aplicar programas que garanticen a las prostitutas el acceso a la Seguridad Social y planes de integración laboral y social que les permitan subsistir. Es el camino que España debe seguir.