Asesinato político en Ecuador

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha puesto en evidencia la magnitud de la presencia del narcotráfico en Ecuador. El presidente, Guillermo Lasso, ha considerado el magnicidio un intento del “crimen organizado” por “amedrentar al Estado” y “sabotear” las elecciones previstas para el domingo, 20 de agosto. Por ahora, el presidente ha mantenido en pie el calendario electoral y decretado el estado de excepción, lo que supone el despliegue de militares y policías en todo el país para garantizar la seguridad.

El perfil de la víctima alimenta la idea de una acción perpetrada por algunas de las bandas de tráfico de drogas que operan en el país. Periodista devenido en político, Villavicencio estructuró su carrera a partir de denuncias de corrupción contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017). Durante su campaña electoral, viró hacia una lucha abierta contra las mafias. Días antes de su muerte, había denunciado amenazas de un capo ecuatoriano vinculado, según dijo, al cartel mexicano de Sinaloa. El candidato se movía en campaña con protección, aunque siempre rechazó usar chaleco antibalas o coche blindado. “No les tengo miedo”, solía decir. “Mi chaleco antibalas es el pueblo”, sostenía. Se declaraba de centroizquierda y recordaba su pasado humilde. Entre sus promesas estaban la creación de una prisión de “altísima seguridad” y una unidad antimafia “con apoyo extranjero”, léase Estados Unidos.

Ecuador es un país apetecible para los carteles del narcotráfico. Enclavado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, tiene una amplia costa hacia el Pacífico y su economía está dolarizada, lo que facilita el lavado de activos. La guerra entre las versiones locales de Sinaloa y sus enemigos, el también mexicano cartel de Jalisco Nueva Generación, se intensificó a partir de 2020, con el asesinato de un capo de la droga, y desde entonces no ha dejado de crecer. Los ajustes de cuentas entre bandas en cárceles de máxima seguridad son cada vez más habituales, mientras no sorprende que pequeñas ciudades del interior, fundamentales como centros de acopio y distribución, ya estén en manos del narco. La debilidad del Estado ecuatoriano, sumido en peleas intestinas que derivaron incluso en el adelantamiento de las elecciones, ha dado alas al narcotráfico, que va permeando las instituciones. El de Villavicencio es el tercer asesinato de un político desde el inicio de la campaña, aunque el primero de un candidato presidencial.

Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin de campaña y frente a cientos de seguidores. El estupor fue inmediato. Ecuador, sin embargo, lleva meses en estado de conmoción. En mayo, el presidente Lasso decretó la muerte cruzada, una atribución constitucional que le permite disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. Fue su estrategia contra una inminente destitución parlamentaria basada en presuntos hechos de corrupción. La muerte de Villavicencio no ha hecho más que profundizar este escenario de anormalidad, mientras los ecuatorianos se hunden en la desazón.

El candidato asesinado tenía nulas posibilidades de triunfo en una contienda que tiene como favorita a la candidata del expresidente Correa, Luisa González. Pero el golpe ha sido devastador para la campaña. Este magnicidio ha sido solo un ejemplo de cómo el narcotráfico es una amenaza para la calidad de las democracias latinoamericanas, ya no solo de Ecuador. Los Estados pierden el control de los territorios y el poder del dinero ilegal alimenta la corrupción. En estas condiciones, todo crimen mafioso es también un crimen político.