La falacia de la lista más votada

Como era de esperar, el Partido Popular exige que el PSOE vote la investidura de Núñez Feijóo con el doble argumento de que debe gobernar la lista más votada y de que se debe evitar el bloqueo político. Se trata de un razonamiento falaz y también una propuesta en favor del desgobierno. Sin embargo, hay razones suficientes para buscar otras alternativas distintas a la de la lista más votada.

La idea de que forme Gobierno el partido más votado aunque no tenga mayoría parlamentaria suficiente no es radicalmente rechazable. Las fórmulas de ingeniería constitucional para asegurar la gobernabilidad no son criticables siempre que las regule la Constitución. Ésta, al establecer un nuevo paradigma jurídico de gobernabilidad, puede prever que formará Gobierno el partido que más escaños obtenga aunque no alcance la mayoría suficiente de la Cámara.

Pero quiebra el principio del parlamentarismo la propuesta de que gobierne el partido más votado cuando este no tiene suficientes apoyos en la Cámara y es posible formar otra mayoría alternativa. En primer lugar, la base del parlamentarismo es que forme Gobierno el partido o partidos que logran la confianza de la Cámara. Si un partido obtiene esa confianza mediante cualquier fórmula (pacto de investidura o de legislatura o coalición de Gobierno), ese partido ha de formar el Gobierno porque el parlamentarismo, como se asentó en el siglo XIX (y teorizó el jurista alsaciano Robert Redslob en 1923) se fundamenta en el principio de que el Gobierno es elegido por el Parlamento y necesita la confianza de éste para mantenerse. Ser el partido que más escaños ha obtenido en las elecciones no da derecho a formar Gobierno si ese partido no obtiene un apoyo suficiente en la Cámara. Está claro que tras las elecciones del 23 de julio el Partido Popular no tiene ese apoyo. No gana las elecciones el que obtiene más escaños sino quien logra formar Gobierno.

En segundo lugar, enfocándolo desde la gobernabilidad, forzar el apoyo del primer partido de la oposición no da buenos resultados a medio plazo. La moción de censura triunfó en junio de 2018 porque Rajoy obtuvo una investidura en falso en octubre de 2016. Cuando el PSOE acabó permitiendo la investidura de Rajoy, el bloqueo se desatascó pero sólo de manera temporal porque el Partido Popular, como se vio ulteriormente, tenía más adversarios que amigos en el Congreso y esa ausencia de apoyos se paga al no poder aprobar leyes y porque puede emerger una moción de censura que, cual guadaña, decapita al Gobierno débil. Por eso, propugnar, como hace el Partido Popular, que gobierne el partido que más escaños tiene en el Congreso con mayoría insuficiente es pan para hoy y hambre para mañana. España es un sistema parlamentario porque es el Parlamento el que otorga, mantiene y retira la confianza al Gobierno, por lo que es necesario que el presidente posea una mayoría parlamentaria suficiente para la investidura y para gobernar cada día, sin derrotas parlamentarias que debilitan al Gobierno. El parlamentarismo en sistemas multipartidistas o bipartidistas imperfectos obliga a concluir acuerdos, lo que permite una praxis política de más consenso y diálogo.

La alternativa no es, como se ha dicho, Partido Popular o bloqueo. La alternativa es gobernabilidad o nuevas elecciones. Porque la gobernabilidad, aunque no se cita explícitamente en la Constitución, es un valor constitucional para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a ser gobernados con continuidad y eficiencia removiendo los obstáculos que impiden o dificulten la plenitud de la libertad y la igualdad (artículo 9.3).

Es de temer que el Partido Popular intente forzar una votación de investidura rápida que obligaría a una negociación apresurada que podría conducir al fracaso. A diferencia de enero de 2016, cuando Rajoy declinó el encargo regio, el Rey sólo debe proponer candidato a presidente del Gobierno cuando tenga el convencimiento, tras la consulta a los representantes de los partidos con presencia parlamentaria, de que el candidato va a obtener la investidura. Por eso hay que dar tiempo a la negociación entre partidos para que nadie se precipite celebrando una sesión de investidura que, de fracasar, abocaría a nuevas elecciones en el plazo de dos meses.

Cuando empezó a gobernar Rajoy a finales de 2011 muchos juristas consideraban que la Constitución casi había agotado su contenido. Pero pocos años después empezaron a ejecutarse preceptos constitucionales nunca aplicados: abdicación del Monarca en 2014, aplicación del artículo 155 en 2017, moción de censura exitosa en 2018, Gobierno de coalición en 2020 y aplicación extensa (no puntual) del estado de alarma de 2020 y 221. Sólo nos falta la práctica, extendida en el Benelux y en Escandinavia, de que gobiernen varios partidos excluyendo al que ha obtenido más escaños porque no puede obtener la investidura. Probablemente llegó la hora de que emerjan nuevas mayorías parlamentarias que aseguren la gobernabilidad.