¿Tienen que dimitir los vocales del CGPJ?

Emociona ver que en un país, Israel, sus gentes son capaces de salir a la calle a defender un bien muy preciado en una democracia: la independencia judicial. Lo hacen aun sabiendo que podrían ser minoría, dado que su primer ministro hace poco que ganó las elecciones.

Nada de eso se espera en España. Hace tiempo que a casi nadie escandaliza saber que los partidos políticos mayoritarios llegan a pactos para repartirse los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora que uno de los partidos se niega a llegar a acuerdos hasta que haya nuevas elecciones —se supone que con la expectativa de ganarlas—, tampoco despierta el tema un interés entre la ciudadanía suficiente como para salir a manifestarse.

Hace ya décadas, en 1994, el Consejo de Europa recomendó que en los países hubiera una “autoridad independiente” —independiente del Gobierno y del Parlamento— para ocuparse de los temas que más inquietan a la independencia de los jueces, en particular sus designaciones, ascensos y régimen disciplinario. Teniendo en cuenta el año de aprobación de la recomendación, se hizo pensando sobre todo en los Estados que venían de largos períodos autoritarios, como los del este de Europa en aquel momento. Se trataba de democracias recientes que debían asentar una tradición de libertades.

En España, esa “autoridad independiente” es desde 1980 el Consejo General del Poder Judicial. También se venía entonces de una extensa época autoritaria. Como Adolfo Suárez dijo en aquel recordado discurso de su dimisión de 1981, aún no se sabía si la nueva democracia iba a ser otro paréntesis en la historia de España. Ahora han pasado más de 40 años de aquello, que tal vez no son nada —como decía el tango con la mitad de esa cifra—, y parece que muchos —no solo algunos políticos— siguen sin asumir que la Justicia sea de verdad independiente. En algunos Estados con más tradición democrática que España no tienen nada parecido a esa “autoridad independiente”, porque no la necesitan habida cuenta, sobre todo, del hábito de sus jueces de comportarse de forma independiente. No se sorprendan; esa conducta de autorresponsabilidad es la base de todo, y muchos juristas pueden observarla aunque nadie les vigile o vele por ellos. Aquí les cuesta creerlo a muchísimos más de los que lo dicen abiertamente, particularmente a quienes hacen todo lo posible para romper esa independencia...

La cuestión es cómo salir del actual callejón sin salida. Hace mucho tiempo que se debió haber operado una reforma para alejar a los partidos de las designaciones de vocales del Consejo. El problema es que cuando alguien tiene la “imprudencia” de plantear algo así, prácticamente les da la risa a esos partidos. Es por ello por lo que ante la desesperante falta manifiesta de voluntad política de cambiar ciertas cosas en España, sólo restan dos opciones: o quedarse solo protestando, o ser más imaginativo y adaptarse a esta situación grosera que ofende a la inteligencia de cualquiera que crea realmente en la democracia.

El problema real, del que poco se habla, es que si el bloqueo cumple su objetivo, el Consejo General del Poder Judicial tendrá mayoría conservadora por cinco años más, lo que sumados a los nueve que lleva ahora sumaría casi quince. Y si para entonces se produce otro bloqueo iremos camino de los 20 años. Esa situación política monocolor prolongada en el tiempo no es nunca positiva ni en el Gobierno ni en el Parlamento. Imagínense en el poder judicial…

En este patético contexto se ha llegado a plantear la posible dimisión en bloque de ocho vocales cuyo nombramiento en su día no vino auspiciado por el Partido Popular. Ello dejaría al Consejo con sólo diez vocales, suficientes para continuar su andadura incluso a medio gas como hasta ahora, salvo que una nueva reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial aumente el quorum para formar pleno, lo que dejaría al órgano ya definitivamente casi inservible. Todo es muy complicado que suceda, pero puede ocurrir.

Igual que también podría propiciarse una reforma del sistema de designación de vocales que dejara en peor lugar que el actual al Partido Popular. Hasta se podría hacer sin sufrir ninguna llamada de atención del Consejo de Europa ni de la Comisión Europea, a poco que se obre con una mínima inteligencia y conocimiento de sus exigencias.

En todo caso, debe ponerse fin a esta situación de inmediato. El Congreso de los Diputados y el Senado están en período de sesiones, queda aún legislatura y el Tribunal Constitucional ya trabaja con sus magistrados sin cargo prorrogado. Se ha esperado demasiado tiempo a poner freno a una conducta de filibusterismo sin precedentes. Las costuras de la democracia que se programó en 1978 con la aprobación de la Constitución hace tiempo que están sufriendo un estrés insoportable, y no aguantarán indefinidamente. Pero mientras una benévola voluntad de reforma constitucional, con espíritu de concordia y generosidad, no ilumina de una vez por todas las mentes de nuestros políticos, no puede tolerarse la agresión brutal a una de las más importantes instituciones del país.

Por eso, de no llegar antes el tradicional pacto, es imprescindible reformar el sistema de designación de vocales con urgencia. No se puede esperar más tiempo, porque no lo hay.