Objetores frente a la eutanasia

Cuando se cumplen dos años de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el número de médicos, enfermeras y farmacéuticos que se han inscrito en el registro de objetores de conciencia asciende a 9.384, según la información recabada por este diario en las diferentes comunidades autónomas. Esa cantidad apenas representa el 1,3% de los profesionales sanitarios en ejercicio (en cualquier especialidad) que podrían acogerse al derecho de no intervenir en una prestación de ayuda a morir. El dato indica de forma clara que el rechazo entre los sanitarios es mucho menor del que se había augurado y que desde luego no compromete en absoluto la aplicación de la ley. La mayoría de los objetores registrados son médicos y muchos se han inscrito por razones ideológicas o religiosas, aunque por la posición que ocupan o la especialidad que ejercen, difícilmente serán requeridos para ayudar a un paciente a morir.

La ostentosa diferencia que se observa en el número de objetores registrados en la Comunidad de Madrid es menos sorprendente si se recuerda el acoso padecido por el doctor Montes por aplicar supuestas sedaciones irregulares (de las que fue absuelto en 2008). Madrid es, con gran diferencia, donde más objetores hay: 3.119, un 33% del total, frente a los 167 de Cataluña o los 707 de Valencia. Madrid casi triplica los 1.051 objetores de Andalucía, pese a que esta comunidad tiene 1,6 millones de habitantes más. Semejante desproporción tiene difícil explicación, salvo que sea el resultado de campañas obstruccionistas más o menos encubiertas para dificultar la aplicación de la ley.

Los datos sobre la objeción de conciencia corroboran la normalidad con la que el derecho a la eutanasia entró en vigor en junio de 2021 y se está aplicando en toda España una vez superados los efectos del retraso inicial en la constitución de las comisiones de control y en la habilitación de los protocolos y circuitos de solicitud en algunas comunidades autónomas. Pese a las catastrofistas e incluso malsanas advertencias de posibles abusos por parte de quienes se oponían a regular la eutanasia, la aplicación de la ley no registra problemas y sigue lejos de las estridencias del debate anterior a su aprobación.

Más que la objeción de conciencia, lo que debe preocupar ahora a las autoridades sanitarias es proporcionar a todos los profesionales que no han objetado la formación necesaria para que, si son requeridos para actuar como médico de referencia o como consultor en un caso de eutanasia, tengan la preparación oportuna para poder ayudar a sus pacientes sin que ello les suponga un estrés añadido. Ayudar a morir no es una prestación fácil de administrar, por la carga emocional que representa para el profesional sanitario, pero son ellos quienes garantizan que los ciudadanos puedan ejercer este último derecho.