El desafío escocés

La política nacionalista y ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se dispone a realizar el acto de funambulismo más arriesgado en su continua batalla por lograr la independencia. Después de anunciar la semana pasada la fecha prevista para un nuevo referéndum secesionista, el 19 de octubre de 2023, Sturgeon sorprendió con una estrategia preventiva que corre el riego de judicializar todo el asunto. Ante la negativa del Gobierno conservador de Boris Johnson de permitir una nueva consulta como la de 2014, en la que la causa independentista fue derrotada, el Ejecutivo de Sturgeon ha barajado la idea de que fuera la Asamblea Autónoma escocesa la que impulsara por su cuenta la nueva ley que convocara el referéndum.

Sturgeon defiende que las formaciones partidarias de preguntar de nuevo a los ciudadanos si desean seguir formando parte del Reino Unido son mayoría en la Asamblea de Holyrood. Los escoceses votaron de forma masiva contra el Brexit, y la indignación por estar fuera de la UE ha resultado un combustible eficaz para alimentar el proyecto de secesión. El Partido Nacional Escocés, al frente del Gobierno, está a un escaño de la mayoría absoluta, pero cuenta con el sólido respaldo de los Verdes, que también abogan por un referéndum. La ministra principal ha mirado siempre de reojo la experiencia del independentismo catalán, de ahí que su obsesión haya sido no desviarse nunca de la legalidad. La sorpresa ha sido su anuncio de que consultará al Tribunal Supremo del Reino Unido si la decisión de que la Asamblea Autónoma convoque la consulta se ajusta a derecho. Es un paso que podría ser digno de elogio si no arrastrara la sospecha de que oculta un as bajo la manga. Es posible que el Supremo se niegue a pronunciarse sobre una hipotética decisión que aún no ha ocurrido. Y en caso de hacerlo, la opinión mayoritaria de los juristas expertos apunta a que negará a Edimburgo su capacidad para convocar la consulta.

Es ahí donde la estrategia de Sturgeon comienza a hacer agua. Sturgeon sostiene que, ante el rechazo del Supremo y del Gobierno, quedaría demostrado que la idea de que el Reino Unido es una “unión libre de naciones” es falsa, y la voluntad de secesión ganaría legitimidad. Las nuevas elecciones autonómicas —que, en teoría, no deberían celebrarse hasta 2025— se concentrarían exclusivamente en la cuestión de la independencia, ha avisado, y serían un referéndum de facto. De recorrerse esa vía, la delicada legalidad del proceso se vería dañada, al revertir unilateralmente la naturaleza política y constitucional de unas elecciones autonómicas. Muy posiblemente, los partidos no nacionalistas boicotearían la convocatoria y le restarían toda legitimidad. La única tranquilidad del nuevo reto es que los plazos sugieren que aún hay tiempo de rectificar, para no añadir nuevas tensiones a una sociedad dividida en dos mitades sobre la cuestión de la independencia.