Fútbol y violencia sexual

A las pocas horas de conocerse la sentencia condenatoria de cuatro años de cárcel contra Santi Mina por abuso sexual, dictada por la Audiencia Provincial de Almería, el club Celta de Vigo en el que juega borró todo rastro del futbolista en la web y lo apartó de los entrenamientos. El comunicado que hizo público el Celta anunciaba el inicio de un expediente disciplinario para “dilucidar sus responsabilidades laborales” tras la condena. De manera “cautelar” y solo “provisionalmente” se aparta al jugador de su actividad profesional aunque continua bajo la disciplina del club, con contrato vigente hasta junio de 2024. La sentencia es especialmente clara al considerar “rotundo” y “totalmente coherente” el testimonio de la víctima sobre los hechos, ocurridos en Mojácar (Almería) en junio de 2017, y subraya “múltiples y distintos datos de carácter objetivo” que corroboran la versión de la mujer. Frente a ello, el juez resalta la “poca credibilidad” del relato del condenado y sus versiones contradictorias. El abogado de la víctima prevé recurrir la sentencia para obtener una condena por agresión sexual (que duplicaría la pena), y no por abusos, además de pedir el ingreso del jugador en prisión provisional, mientras la abogada defensora ha anunciado un recurso de apelación.

Durante los últimos años se ha avanzado en todos los terrenos frente a la violencia contra las mujeres, pero a los clubes de fútbol y a sus aficiones les sigue costando dar pasos inequívocos en ese sentido. La decisión de apartar de forma rápida al jugador de la escena pública rompe esa tradición entre exculpatoria y permisiva que el mundo del fútbol ha solido tener con iconos deportivos seguidos por decenas de miles de ciudadanos. Las buenas noticias que el fútbol femenino ha ofrecido en los últimos tiempos, con llenos absolutos de grandes estadios, chocan con actitudes cerriles y ofensivas, incluidos episodios tan graves como la incitación de un entrenador a sus jugadores, animándoles a una violación grupal como acto de virilidad autoafirmativa. Haberle restado importancia a ese repulsivo plan de ocio como mera “broma machista” empeora las cosas, y el entrenador sigue en su puesto. Tampoco se han olvidado los cánticos con que centenares de aficionados del Betis apoyaron en 2015 a un jugador para quien la Fiscalía pedía entonces —finalmente fue absuelto— dos años por maltratar y amenazar a su exnovia.

En este caso, la ejemplaridad del club ha quedado a medio camino entre la protección de sus intereses empresariales y su obligación de suspender la continuidad de un jugador con una sentencia condenatoria, y muy explícita, por abusos sexuales. La falta de determinación del club deja el rastro incierto de una decisión táctica e inconsecuente con los valores que dice defender. Las explicaciones han sido insuficientes para entender por qué el jugador ha sido borrado del mapa deportivo, en el campo y en la web, pero continúa en la plantilla.