Mascarillas pornográficas

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra dos comisionistas en un caso que transmite un sentido de la impunidad en los negocios con la Administración difícil de calificar, más allá de la vergüenza ajena que causan. Dos especuladores de perfil bajo —uno conocido por ser hermano del actual duque de Feria, Luis Medina, y su socio Alberto Luceño— ejercieron como mediadores en la compra de mascarillas y otros equipamientos sanitarios a Malasia por cuenta del Ayuntamiento de Madrid durante los días más crudos de la pandemia. Parte del material adquirido resultó ser defectuoso, pero todo él costó cerca de 16 millones de euros. Seis de esos millones se fueron en comisiones cobradas por Medina & Luceño. Las ganancias las destinaron a un yate de recreo, a un piso de lujo en Pozuelo de Alarcón, o a una docena de coches de alta gama, entre ellos un Ferrari y un Lamborghini. Todo ello linda con la pornografía de la opulencia. Mucho más cuando se tiene en cuenta el contexto en el que todo ocurrió, con casi mil personas muriendo cada día, otras muchas enfermas, sanitarios haciendo su trabajo en condiciones precarias y una población asustada y confinada en casa.

Los abusos denunciados por la Fiscalía fueron cometidos al amparo de los procedimientos de compra de urgencia de material sanitario ante una situación excepcional a causa de la pandemia. La suspensión de los protocolos previstos no parece que ampare una operación de esta naturaleza, admitida a trámite ya por un juez de Madrid que planea, como cuenta hoy este periódico, embargar los bienes de lujo adquiridos con la comisión para resarcir a las arcas públicas de este saqueo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha intentado transmitir estos días que es consciente de la gravedad del caso, pero resulta sorprendente que nadie en el Consistorio denunciara este abuso antes de que lo hiciera la propia Fiscalía. Por si le faltara algún detalle a esta historia desgraciada, fue un primo del alcalde el que facilitó el acceso de los especuladores a los funcionarios encargados de la adquisición del material sanitario.

Tanto Almeida como la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han negado disponer de información alguna previa sobre la relación de sus familiares, directa o indirecta, con estos negocios desorbitados con las administraciones que dirigen. Tendrán que asumir que se les exija una rendición de cuentas políticas exhaustiva en una comunidad que, desgraciadamente, creía haberlo visto todo ya en materia de saqueo de dinero público. Los procedimientos de urgencia de la pandemia pudieron servir de pantalla para especuladores de todo tipo. Por eso mismo, lo sorprendente es que, una vez pasada la emergencia, con la evidencia, además, de haber recibido material defectuoso, la Administración municipal no arbitrara mecanismos de evaluación, auditoría e investigación, al menos en casos como este en el que ejercer de intermediario, es decir, hacer las llamadas que ponían en contacto a productores con contratadores públicos, se saldaron con la exorbitante comisión de seis millones de euros. Que pagamos todos.