Las trincheras del PP

La envergadura de la fractura en el PP ha obligado a sugerir a un dirigente habitualmente moderado como Alberto Núñez Feijoo la convocatoria de un congreso extraordinario en caso de que no se encuentre una salida al monumental conflicto interno. Las palabras del barón más asentado de todos los populares es un aviso a Pablo Casado y a toda la dirección del partido sobre la necesidad de detener la sangría a la que estamos asistiendo en el principal partido de la oposición. El congreso ordinario está previsto para julio, pero es imposible que un partido esté desangrándose durante cinco meses con acusaciones sobre presuntos delitos entre su presidente nacional y la presidenta de una comunidad autónoma. Los órganos de la formación se han demostrado, por otra parte, absolutamente inoperantes para contener la crisis que ha estallado esta semana. El martes, Pablo Casado compareció ante el comité ejecutivo nacional para desgranar un discurso teórico de reivindicación del PP como partido de centro liberal y reformista en el que obvió tanto el fiasco del resultado en Castilla y León como la tensión interna que acabaría estallando dos días después. En el comité, ni Isabel Ayuso ni ningún otro dirigente tomaron la palabra, y ese silencio permite afirmar que la guerra actual carece de motivos políticos o ideológicos de fondo.

El paso de las horas ha marcado los límites de las trincheras sin atisbo de solución. La radicalidad verbal que ha aplicado el Partido Popular a sus adversarios políticos y que ha enturbiado tanto el debate público en España se ha vuelto contra ellos y con ellos mismos como protagonistas. Este viernes fue Pablo Casado quien utilizó en la Cope durísimas palabras al explicar la sospecha de corrupción sobre Díaz Ayuso. El presidente nacional fue rotundamente explícito sobre por qué el partido investigaba una posible comisión ilegal del hermano de la presidenta en un contrato público adjudicado por ella: “La cuestión es si cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”. A pesar de escudarse en una investigación todavía en marcha, utilizó las palabras “comisionista” y “testaferro” y advirtió de que la ejemplaridad se mide más allá del Código Penal. Aseguran en el PP que los indicios proceden de documentos oficiales que no muestran. Esa ausencia de pruebas le permitió a la presidenta madrileña publicar horas después un comunicado en el que rectificaba implícitamente y reconocía que su hermano cobró 55.850 euros por conseguir mascarillas en China. Tampoco aportó ninguna prueba más allá de sus palabras y aludió a otras tres facturas de su familiar con la misma empresa, pero, según Ayuso, sin relación con la Comunidad.

Dos días después del estallido de la crisis, sus protagonistas obligan a los espectadores de su gira mediática en medios afines a un acto de fe en sus palabras porque ni uno ni otra presentan evidencia documental alguna de las gravísimas acusaciones con las que han roto el partido. No han acudido a la justicia para poner en sus manos las denuncias o sospechas públicas de espionaje, tráfico de influencias o corrupción que están perfectamente tipificadas en nuestro Código Penal. Han sido los grupos de la oposición en la Asamblea de la Comunidad de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) los que han acudido a la Fiscalía Anticorrupción. La incógnita hoy es cuánto están dispuestos a aguantar este espectáculo los dirigentes populares con poder autonómico o municipal y qué cauce tienen para intervenir en esta implosión descontrolada.