Psiquiatría y salud mental: ¿palabra o acción?

En Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, Mario le dice a su madre: “¿No te parece significativo, por ejemplo, que el concepto de lo justo coincidiera siempre sospechosamente con nuestros intereses?”. En estos meses en los que la salud mental ha saltado a la palestra y está presente en la esfera política y mediática, el acercamiento ideológico a problemas prácticos del día a día de las personas hace esta frase más relevante que nunca. El legislar sobre lo que se considera justo, en este caso relacionado supuestamente con la salud mental, desde la ideología (o “nuestros intereses”) no ha hecho más que fomentar el enfrentamiento.

De confrontación y ganancias secundarias a través de la misma los psiquiatras sabemos un poco. Existe un conocido mecanismo de defensa al que como profesionales estamos acostumbrados, es el de la escisión. Aparece frecuentemente en trastornos como el trastorno límite de la personalidad y consiste en dividir entre buenos y malos lo que genera malestar y conflicto. Divide y vencerás. En el campo de la psiquiatría no podemos permitir que irrumpa la escisión entre todos los agentes interesados, empezando por usuarios y profesionales. Nos va mucho en ello.

Nos preocupa y nos ocupa estas últimas semanas la Ley General de Salud Mental que se aprobó a trámite en septiembre de este año. Hemos vivido lo suficiente como para conocer que un abordaje específico de las personas con trastornos mentales, al margen del resto del sistema sociosanitario, se vuelve en su contra. Mirando atrás sabemos dónde no queremos volver.

Por cierto, señores políticos, se llaman trastornos mentales. Así, con todas las letras. Como con todas las letras se llama cáncer al cáncer, o sida al sida. No hablar de algo o intentar ocultar con eufemismos una realidad dura no la hará menos dura. No hablar de personas con esquizofrenia, personas con discapacidad intelectual, personas con autismo o personas con trastorno bipolar no hará que no existan esas personas ni sus necesidades. El intentar esconderlas bajo eufemismos como malestares de la vida psíquica o mala salud mental, no disminuirá su carga, ni la de sus familiares. Es este otro ejemplo de cómo estigmatizar diciendo que se busca lo contrario.

La completa integración de la atención sanitaria de las personas con trastorno mental dentro del sistema público de salud es una reivindicación que ha requerido décadas de trabajo por parte de múltiples colectivos. Se han dado en las últimas décadas importantes y decisivos pasos que han permitido una mejora en la atención sanitaria a las personas con trastorno mental. Todavía queda mucho que conseguir y mejorar. Sin embargo, no creemos que lo que le falta a la salud mental y más concretamente a las personas con trastornos mentales (sí, a esos que la OMS dice afectan a uno de cada cinco europeos) y sus familias sea una legislación específica. Los trastornos mentales, aceptando de inicio la complejidad bajo el paradigma biopsicosocial de los mismos, precisan de la integración de múltiples agentes. La segregación lo que hace es estigmatizar. Identificar a un colectivo y hacer con él mismo lo que no se haría con otros (personas con enfermedades neurológicas, oncológicas o cardiovasculares) no deja de ser una forma de estigma. Legislar a espaldas de los propios usuarios, sus familias y asociaciones no parece la ruta a seguir, a no ser que se haga para intentar conseguir un puñado de votos, esos que vienen de la mano de la confrontación.

Es importante no confundir síntomas con trastornos, para eso la Organización Mundial de la Salud publica periódicamente sus clasificaciones diagnósticas para todas las áreas de la medicina, incluida la psiquiatría, en la que se engloban los trastornos mentales. Personas con “malestar psíquico” o “malestares de la vida cotidiana” a los que se refiere la propuesta de Ley General de Salud Mental somos todos. Los servicios públicos de salud deben promocionar la salud, prevenir trastornos y detectarlos y tratarlos cuando sea necesario. Todo ello para disminuir la incidencia y prevalencia de trastornos mentales y mejorar su pronóstico.

Cualquier persona que conozca la situación de los trastornos mentales en nuestro país sabrá que lo que hace falta ahora son menos leyes y más inversión. Lo que se precisa es reducir las listas de espera, una mayor frecuencia de visitas, posibilidad de acceder a tratamientos basados en la evidencia, incluyendo las psicoterapias, mayor número de recursos intermedios, facilitar el acceso al trabajo para personas con trastorno mental, el acceso a políticas relacionadas con la dependencia desde la enfermedad mental, etc.

Los problemas complejos requieren soluciones complejas, y a nadie se le escapa que los trastornos mentales deben englobarse bajo el paradigma de lo biopsicosocial. El reduccionismo no funciona en psiquiatría. Atribuir a la pobreza los trastornos mentales, al margen de la evidencia de una similar incidencia de los trastornos mentales graves en países ricos y pobres, o ignorar que los trastornos mentales producen una deriva social en quién los padece que les lleva a la pobreza son buenos ejemplos de ello. Confundir relación con causalidad es un error fácil del que no es experto en la materia, máxime si no consulta con quien sabe del tema.

En un país en el que la inversión en salud mental en relación al gasto total sanitario es casi dos puntos porcentuales inferior a la media europea y con una de las menores tasas de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras de salud mental por población de Europa, urge traducir las necesidades en presupuestos. Máxime cuando sabemos por los estudios clásicos de la Escuela de Economía de Londres (LSE) que la inversión en salud mental y que la detección e intervención temprana se traducen a medio y largo plazo en retorno económico para los Estados, para el sistema público, para todos. El cortoplacismo no funciona en las políticas relacionadas con nuestra especialidad. Pero eso a algunos poco parece importarles.