Después del volcán de La Palma

La isla de La Palma comienza a despertar de la peor pesadilla de su historia. Pasará algún tiempo hasta que se pueda calibrar la factura total que ha dejado la lava expulsada por el volcán de Cumbre Vieja durante los tres últimos meses. La última cuantificación del Gobierno de Canarias data de principios de diciembre. Por aquel entonces, los daños y coste de la emergencia ascendían ya a 843 millones de euros. Las infraestructuras viarias arrasadas suponen el grueso de esta cuenta (228 millones), seguida por la destrucción de cultivos de plataneras y las pérdidas de producción asociadas (200 millones) o la destrucción de edificaciones (165 millones).

El Gobierno del presidente Ángel Víctor Torres (PSOE) tiene ante sí uno de los retos más complicados de una legislatura que, apenas en su ecuador, ya se ha visto salpicada de incendios, crisis migratorias, pandemias y ceros turísticos. Tanto el Ejecutivo autónomo como el Cabildo de La Palma (Partido Popular) y ayuntamientos como los de El Paso (Coalición Canaria) o Los Llanos de Aridane (PP) se han aplicado con denuedo en la gestión de las ayudas. Además, la reconstrucción de una isla como La Palma, con 83.300 habitantes, demanda reducir la excesiva dependencia de una actividad fuertemente subvencionada como la platanera o favorecer una oferta turística apetecible para nuevas generaciones.

Tiempo es precisamente lo que no tienen tanto el Gobierno central como el autónomo o las corporaciones locales. Los palmeros comienzan a impacientarse por la lentitud en la llegada de ayudas y donaciones. Más de 7.000 residentes han tenido que recurrir a la solidaridad pública o, sobre todo, a la de familiares y amigos. De ellos, en torno a 2.300 han perdido su hogar. Si las administraciones quieren evitar y aliviar el desarraigo, la tensión y el golpe emocional de la población, será necesario un rápido reordenamiento del territorio y una flexibilización de la ley del suelo que permita construir en zonas rústicas. Aun con estas modificaciones legales, muchos palmeros tendrán que hacerse a la idea de que no podrán recuperar el estilo de vida rural, y la reordenación del territorio tendrá que prever que más pronto que tarde surgirá otro volcán en el macizo de Cumbre Vieja.

Pero tampoco alcanza el dinero comprometido a tantos daños. La aportación anunciada por el Gobierno de España y el de Canarias apenas supone la mitad de la factura provisional, y el Fondo de Solidaridad de la UE únicamente atiende el 2,5% del balance total de daños, restringido a la reparación de bienes y servicios de titularidad pública. La gestión del posvolcán supone no solo un examen de la capacidad de acción eficaz de las administraciones públicas, sino, sobre todo, la exigencia de llegar a acuerdos rápidos con instituciones de distinto color para poner al ciudadano por delante de los intereses políticos.