Falta claridad

El Gobierno inició el viernes la devolución de los más de 700 menores que aún seguían acogidos en Ceuta tras la masiva entrada que se produjo en mayo, cuando las autoridades marroquíes dejaron de controlar las fronteras y facilitaron el paso de más de 10.000 personas. Entre los que llegaron se calcula que había entre 2.000 y 3.000 menores. Buena parte de ellos fueron devueltos en caliente, de manera precipitada y sin garantías; otros retornaron voluntariamente. Quedaron cerca de un millar, de los que más de 700 seguían allí —sabiéndose poca cosa de los demás— y la gran mayoría había manifestado su voluntad de no regresar a Marruecos. La distensión política iniciada estas últimas semanas ha facilitado un acuerdo entre España y Rabat que se ha traducido en el inicio de la devolución de estos menores no acompañados. Pero el Gobierno no ha dado explicaciones públicas y poco se conoce de los acuerdos alcanzados, el tratamiento que se les dará a los menores, el destino final de los mismos y si el proceso de repatriación se ha ajustado a los convenios que sobre esta materia ha firmado España.

Fueron las organizaciones que operan sobre el terreno en Ceuta las que informaron el viernes de que una serie de autobuses se habían presentado en el centro donde residían los menores para organizar su viaje de regreso. Interior, durante buena parte del día, no confirmó ni desmintió el operativo. A última hora, un portavoz del ministerio aseguró a este periódico que los casos se están evaluando uno a uno, que los menores vulnerables no serán repatriados y que el proceso se ha trabajado en coordinación con el Gobierno de Ceuta.

Los acuerdos bilaterales con Marruecos exigen que los centros donde vayan a ser trasladados garanticen su seguridad y permitan un seguimiento de su suerte en el futuro, y las leyes establecen sobre todo que el proceso sea individualizado y que los menores sean informados de que van a ser devueltos y de sus derechos. Sobre todo ello cabe exigir información clara por parte de las autoridades, tanto del Ministerio del Interior como del Gobierno de Ceuta. Es cierto que la magnitud del problema que se inició en mayo abrió un escenario lleno de dificultades y que las respuestas a la suerte de los menores no eran en ningún caso fáciles —siendo, por otro lado, urgentes—. Además, se han visto lastradas por la crisis diplomática que se produjo entre Madrid y Rabat. Las buenas señales de un regreso al diálogo entre los dos países no pueden, sin embargo, amparar conductas poco transparentes. Los menores son especialmente vulnerables, y por eso las administraciones están obligadas a despejar cuanto antes cualquier duda.

El Defensor del Pueblo defendió el viernes de forma rotunda que el retorno era ilegal y que debía detenerse inmediatamente. Diversas organizaciones no gubernamentales que ayudan a los menores y que conocen con detalle la suerte de la que escapan muchos de ellos mostraron también su indignación. Las condiciones en las que estaban acogidos no eran desde luego las más adecuadas, y era necesario que el Gobierno actuara y buscara una solución. Pero para saber si al hacerlo se han respetado las garantías que ampara un Estado de derecho, tiene que explicarse. No puede aceptarse en ningún caso que iniciativas de este alcance se realicen en la sombra.