La dolorosa resaca del banco malo

Eurostat obligará a España a reclasificar el banco malo y situarlo dentro de las cuentas públicas. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se constituyó con un 55% de capital privado y un 45% de la Administración. Pero la acumulación de pérdidas lo ha dejado sin capital y ya solo queda una deuda que tiene garantía del Estado. En total, unos 35.000 millones que engrosarán la deuda pública, elevándola hasta el 120% del PIB. La factura del rescate sigue aflorando años más tarde. La nueva losa se suma a los 42.561 millones que ya se han perdido en ayudas al sistema financiero, según cálculos del Banco de España. El entonces ministro Luis de Guindos dijo que la crisis bancaria no le costaría un euro al contribuyente. Nada más lejos de la realidad.

Sin embargo, en un juicio de perspectiva, no puede obviarse que las cajas rescatadas tenían entonces muchos activos tóxicos en suelo, vivienda y préstamo promotor. De no haberse atajado el problema, habrían quebrado, poniendo en peligro los depósitos de los ciudadanos. La idea del banco malo era encapsular estos activos dudosos en una entidad aparte para venderlos más adelante conforme mejorase el mercado minimizando las pérdidas. Era una patada hacia adelante que evitaba un endeudamiento mayor en un momento complicado para las finanzas públicas como 2012. ¿Se podría haber hecho que la Sareb no registrase pérdidas? Sí. A cambio de estos activos, las cajas recibieron unos bonos que son la deuda que ahora se traslada al Estado. Hubiese bastado con poner unos precios más ajustados (el descuento medio de los activos traspasados fue del 60%) y pagarle con menos bonos a las cajas. Pero el Banco de España nunca quiso reconocer un agujero mayor. Y entonces se tendría que haber ayudado a las entidades con más dinero y se habría tenido que pedir un mayor rescate a Bruselas. En aquel momento no había otra opción. Quizás un error fue empezar a vender los mejores activos cuando el mercado no había repuntado mucho todavía. Otro fue un derivado para cubrirse del riesgo de subidas de tipos que finalmente ha supuesto 3.000 millones de pérdidas (pero la coyuntura en la que se decidió era turbulenta y había razones para temer altos intereses). Otro problema ha sido que al principio se confió en las inmobiliarias de la banca para vender los activos, pero estas lógicamente siempre colocaban primero su producto.

Lo importante ahora es asegurarse una gestión eficiente para que se sigan vendiendo activos y reduciendo esos 35.000 millones de deuda. Solo cuando se cierre el banco se conocerá el verdadero alcance de la factura. En paralelo, en cuanto haya remitido la crisis pandémica, España deberá abordar con decisión una reducción de su deuda pública, que enfila un rumbo muy preocupante.