Cambiar la Universidad
Urge revertir un camino en el que coinciden poca investigación en los centros privados con precariedad en los públicos
La inmensa mayoría de las 88 universidades públicas y privadas que hay en España tendrán que aplicar importantes reformas para poder cumplir las exigencias del real decreto sobre reconocimiento, autorización y acreditación de centros universitarios que prepara el Ministerio de Universidades. El objetivo de este decreto, que ya ha superado el trámite de audiencia pública, es asegurar unos niveles de calidad que permitan cumplir con excelencia los tres cometidos propios de la Universidad: docencia, investigación y transferencia de conocimiento.
Todas las universidades tendrán cinco años para adaptarse, pero el sistema en su conjunto deberá hacer un gran esfuerzo pues la mayoría ni siquiera cumple los requisitos menos exigentes de la normativa vigente, según ha puesto de manifiesto la radiografía realizada por el Observatorio del Sistema Universitario a partir de los datos oficiales disponibles.
El análisis corrobora la urgente necesidad de frenar el deterioro de la Universidad en las últimas décadas, con la proliferación de nuevos campus privados, algunos con escasa ambición académica, y un deterioro importante de las condiciones de trabajo en los públicos. Los datos son demoledores y explican que España ocupe un lugar muy inferior al que le corresponde por su nivel de desarrollo económico en las clasificaciones internacionales de calidad universitaria. De las 88 universidades existentes (50 públicas y 38 privadas) se han analizado 81 (el estudio no incluye dos universidades públicas atípicas y cinco campus privados creados en 2019). Solo 18 de esas 81 universidades cumplen los requisitos vigentes, y apenas 12, todas públicas, los del nuevo decreto que prepara el ministerio.
Las carencias no son uniformes. Las universidades privadas presentan un clamoroso déficit en investigación y transferencia de conocimiento. Y las públicas incumplen de forma sistemática las condiciones exigibles en cuanto a personal docente e investigador, con un elevado índice de precarización de las plantillas. Ninguna de las universidades privadas supera los criterios que exige el proyecto de decreto y hay ocho que no ofrecen estudios de doctorado de ningún tipo, un requisito esencial. Resulta más fácil subsanar las carencias en las condiciones de contratación y las ratios de personal, que dependen de una inyección de recursos económicos, que articular un buen sistema de investigación y transferencia de conocimiento, la principal carencia de las universidades privadas. El tren del conocimiento avanza a toda velocidad y España lo está perdiendo. Es muy importante revertir la tendencia. Es de esperar el máximo consenso político y la máxima colaboración posible para poner fin a este grave deterioro.
