Algunas lecciones políticas de una pandemia

Una de las primeras visitas que recibí en Alcañiz al comienzo de la pandemia fue la de Gervasio Sánchez, conocido periodista y corresponsal en muchas guerras y catástrofes humanitarias. Hace unas semanas recordábamos nuestro encuentro del 21 de marzo del año pasado, una semana después de declararse el estado de alarma, y hacíamos repaso de lo acontecido en todo este tiempo. Me dejaba una reflexión muy relevante. En muchos de los conflictos bélicos que había cubierto como periodista, la magnitud de la tragedia humana era muy similar. La guerra de El Salvador duró más de 12 años entre 1979 y 1992 y le costó la vida a 75.000 personas. En 1994, el cólera en Ruanda causó la muerte a casi 50.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud. Diversos estudios coinciden en que la guerra de Bosnia en los noventa significó casi 100.000 muertos. Cuando escribo estas líneas, el número de fallecidos oficiales por la covid en España supera los 72.000, aunque algunos estudios revelan que esta cifra podría estar cerca de los 100.000. Si comparamos estos números con los dramas humanos que acabo de enumerar, podemos entender mejor la envergadura de la catástrofe.

Viendo todas estas cifras, no es descabellado argumentar que esta pandemia ha significado un “test de estrés” a nuestros sistemas políticos. La ciudadanía ha visto cómo se restringían sus derechos, cómo morían personas próximas y cómo perdían parte de su bienestar económico. Por ello, la pregunta que surge a continuación es: ¿qué hemos aprendido desde el punto de vista político en la gestión de la covid?

La primera lección es que una tragedia humana no es una vacuna contra patologías políticas como el populismo o el oportunismo. De hecho, en muchos espacios políticos han aumentado, ahondando en nuestra crisis política. En la última semana hemos visto mociones de censura, adelantos electorales, abandono de una vicepresidencia para encabezar una lista electoral… Todo ello sólo se explica desde los motivos de los políticos, pero no de la ciudadanía. Desde hace bastante tiempo, la política española se ha vuelto excesivamente endogámica. Además, toda aspiración “regeneracionista” que venía de la nueva política ha quedado sepultada. Las nuevas formaciones han sido la fuente de inestabilidad en estos días.

La segunda enseñanza relevante es que la proximidad sigue siendo una de las virtudes más importantes. Al comienzo de la pandemia, en abril del año pasado, Metroscopia realizó una encuesta de valoración de la actuación de las diferentes administraciones: el 76% valoraba de forma positiva a los ayuntamientos, esta cifra era del 60% en las comunidades autónomas y sólo el 41% valoraba de forma positiva al Gobierno. En el mes de octubre, el CIS preguntó si había mejorado o empeorado la valoración de la ciudadanía respecto de los distintos niveles de la Administración. Los gobiernos locales obtenían el mayor porcentaje de mejoría. Por tanto, los ayuntamientos se han revelado como unas administraciones muy bien valoradas en la gestión de la crisis sanitaria, a pesar de tener unas competencias muy limitadas.

Esta buena valoración es el resultado de la proximidad con la que se ejerce el gobierno local. Durante este año de pandemia, los ayuntamientos hemos hecho aquello para lo que éramos competentes, pero también hemos asumido muchas funciones que no eran nuestras. Cuando uno está al frente de la primera “trinchera” de la política es muy difícil no hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Por ello resulta muy necesario revisar el modelo de financiación de las haciendas locales. La suspensión de la regla de gasto para 2020 y 2021 es un balón de oxígeno, pero en 2022 muchos de nuestros problemas seguirán ahí. Ahora que estamos a tiempo, debemos tener un modelo de haciendas locales más propio de unas administraciones que están muy bien valoradas por la ciudadanía y que durante la pandemia han sido fundamentales.

La tercera lección que extraemos es que el papel de la oposición es muy importante en una democracia, especialmente en momentos de crisis. Es cierto que la oposición, por definición, se opone al Gobierno controlándolo y ofreciendo una alternativa. Pero cuando la sociedad se encuentra de forma mayoritaria en un estado de ansiedad, agobio y frustración, los mensajes de la oposición pasan a representar un papel relevante en el estado de ánimo. En estos momentos, si podemos poner una etiqueta a la ciudadanía, es la de pesimismo extremo. Por ello necesitamos un Gobierno que resuelva los problemas, pero una oposición que sea parte de la solución. Buscar culpables en estos momentos no aporta mucho a la ciudadanía, especialmente si alguien tiene vocación de gobierno. En este año hemos asistido a una oposición en el ámbito nacional ansiosa de buscar rédito político. Desafortunadamente, este comportamiento se ha trasladado ya a algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, anticipándose, por ejemplo, las elecciones en Madrid de forma inexplicable más allá del rédito electoral. La inestabilidad se está abriendo paso a mucha velocidad, algo que anticipa hastío y desconfianza de la ciudadanía hacia el funcionamiento de la democracia.

La cuarta enseñanza es que necesitamos una gestión más eficaz. Es cierto que desde hace tiempo el funcionamiento de la Administración se rige por principios garantistas como la transparencia y la igualdad de oportunidades. Pero, al mismo tiempo, toda la maraña legislativa permite que las decisiones se eternicen sin actuar con la celeridad necesaria. El ciudadano se encuentra ante sí con una gran burocracia que no acaba de solucionar sus problemas. Es por ello que en las Cortes de Aragón, por ejemplo, hemos aprobado recientemente, dentro de nuestras competencias, la Ley sobre Simplificación Administrativa. La crisis de la covid ha puesto de relieve que necesitamos una Administración más ágil tanto para contratar personal como para sacar adelante los contratos públicos. Aquellos que hemos tenido que gestionar este año de pandemia hemos sentido impotencia en muchos momentos ante las dificultades que nos planteaba la legislación y los procedimientos.

La quinta lección es que la coordinación entre administraciones es fundamental. Es cierto que el balance final es razonablemente positivo, las administraciones locales hemos trabajado codo con codo con las diputaciones provinciales y los gobiernos autonómicos. En cambio, la cooperación intergubernamental entre comunidades autónomas con el Gobierno ha dejado mucho que desear en algunas ocasiones, dando una imagen triste de la política. El mayor problema es que algunos gobiernos autonómicos han preferido desgastar al Gobierno, más que tomar decisiones racionales y razonables. Si algunos ya éramos conscientes de que nuestro Estado de las autonomías necesita una reforma, la crisis de la covid ha puesto esta necesidad más de manifiesto. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho de cada decisión sanitaria un desafío al Gobierno, hasta el punto de adelantar los comicios autonómicos. El Título VIII de la Constitución debe ser reformado.

En definitiva, la catástrofe humanitaria que está significando esta pandemia ha sido un importante test al funcionamiento de nuestro sistema político. Debemos tomarnos en serio las lecciones que podamos extraer, puesto que esto nos hará mejorar como sociedad. Esta crisis sanitaria, si tiene algo de positivo, es que nos ha puesto ante un espejo mostrándonos muchos de nuestros problemas. De hecho, muchas de estas dificultades ya estaban antes de la pandemia, aunque la crisis sanitaria las ha agudizado. Tardaremos más o menos tiempo, pero saldremos de la pandemia. Pero cuando la superemos, a nuestra política no puede sucederle como al protagonista del microrrelato de Augusto Monterroso: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid (en excedencia), diputado en las Cortes de Aragón por el PSOE y alcalde de Alcañiz (Teruel).