Por fin un pacto entre PSOE y PP

El acuerdo al que han llegado el PP y el PSOE para renovar el consejo de administración de RTVE supone el primer pacto de Estado de la legislatura después de la enconada guerra mantenida por ambas formaciones durante demasiado tiempo, e incluso en medio de la pandemia. Estos nombramientos consensuados representan la apertura de una muy necesaria perspectiva de normalización institucional. Es muy positivo que los dos principales partidos vuelvan a hablar, pactar y rebajar la crispación que ha deteriorado la democracia española. El pacto señala una senda prometedora para la renovación de otras altas instituciones del Estado, especialmente la del Poder Judicial, tras un bloqueo que ha mantenido a sus miembros con el mandato caducado. Debe celebrarse que el PP, principal responsable de estas injustificadas parálisis, haya por fin abandonado posiciones de oposición radical. Es de desear que ambas fuerzas permanezcan en esta dinámica institucional de pactos, no solo para la renovación de órganos constitucionales, sino también para otras circunstancias en las que una democracia madura avanza con políticas de Estado.

La normalidad institucional no prevé, sin embargo, que tanto el PSOE como el PP entiendan la renovación de cargos como una cuestión privada de reparto de cuotas. La interpretación política pulcra de estos procesos es que la soberanía democrática encarnada por el Parlamento se proyecta sobre los órganos para garantizar nombramientos profesionales y que reflejen el pluralismo de la sociedad representada en el hemiciclo: no un mercadeo privado entre dos formaciones que ya ni siquiera llegan al 50% de los votos. Los nombres que finalmente compondrán el consejo de administración de RTVE indican, en cambio, que la afinidad ideológica ha tenido un papel desproporcionado en demasiados casos.

Esa imagen descarnada del reparto de cuotas desestabiliza la vida institucional del sistema democrático porque politiza en demasía los órganos en cuestión.

El siguiente paso es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Durante más de dos años el PP ha boicoteado el funcionamiento de este fundamental órgano impidiendo la renovación de sus miembros después de agotarse su mandato constitucional. Su argumento ha sido —y sigue siendo— un veto a vocales afines a Podemos. Esta posición es equivocada. Evidencia su débil fundamento el hecho de que el PP sí ha aceptado perfiles afines a Podemos en RTVE. Se entiende que es difícil para Pablo Casado abandonar una línea roja defendida durante dos años, pero el líder del PP debería tener la altura de profundizar en su viraje, situar definitivamente a su partido en la moderación, ensanchar el foso con Vox. Esto implica facilitar la renovación de todos los órganos y enterrar el hacha de combate en cuestiones de Estado, que incluyen aspectos de política sanitaria y exterior. En el resto, se comprende una oposición agresiva. En eso, no.

Tanto el PSOE como el PP, pues, deberán profundizar en una leal disposición al pacto entre ambos, algo muy bienvenido, pero también renunciar a la voluntad de monopolización institucional. Su coste es de nuevo el desprestigio institucional, pues proyecta la imagen de que la renovación de las instituciones del Estado no emana del Parlamento y no atiende a razones meritocráticas, sino a la predisposición de los dos grandes partidos para llevar a cabo un reparto de cuotas.

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