Extraños en el paraíso

Los datos son objetivos. En 2020 llegaron a Canarias 23.000 migrantes; muchos, demandando asilo. En enero de 2021 rebasan ya los 2.000. Han llegado a la UE. Son los supervivientes, rescatados por Salvamento Marítimo de las aguas del Atlántico: otros miles perecieron en su mortífera ruta. La respuesta es subjetiva, y por lo tanto política. Frente al esfuerzo desplegado por las instituciones, ONG, voluntariado, contrasta un virulento brote de xenofobia y de racismo rampante. Algo inédito en Canarias, por oposición a su historia de hospitalidad y apertura al exterior. Recubiertos en lenguaje de denuncia biempensante, algunos mensajes políticos practican una deplorable demagogia que justifica, ergo banaliza, el mal sin condenarlo. Patrullas de “vigilantes” se convocan en las redes para acosar a extranjeros, incluso menores vulnerables, a los que se estigmatiza como una amenaza en bulos viralizados. Por descontado, todo delito debe ser investigado, y sus responsables penados. En igualdad ante la ley, extranjeros o españoles. La Ley de Extranjería prevé el mecanismo de expulsión para quienes delinquen; pero en absoluto autoriza a ningún batallón vecinal a tomarse la justicia por su mano.

Regresemos a los hechos. Durante largas décadas, Canarias ha recibido en torno a 15 millones de turistas anuales. Por aviones y cruceros, incontables desembarcos y pernoctaciones diarias. Hoteles y apartamentos repletos de visitantes y población flotante forman con naturalidad parte del paisaje canario. Nunca se habló —al contrario— de “excesiva sobrecarga” ni “presión territorial”. La prolongada crisis sanitaria, con su catastrófico impacto al derrumbarse el viaje vacacional, hace que echemos de menos esos millones que nos faltan. Sin embargo, la retórica del rechazo a quienes llegan huyendo de la desesperación se refuerza con sofismas que deben ser confrontados. ¿Por qué razón las personas arribadas desde África se estiman “carga insufrible” para la “capacidad de recepción” de Canarias, mientras nunca se arguyó un “problema de cabida” durante la normalidad añorada en la que, cotidianamente, llegaban 50.000 a los aeropuertos canarios y 25.000 a sus puertos, de los que siempre un porcentaje se queda irregularmente? ¿Acaso resulta “insoportable” su pobreza, su color de piel? Estancias colmadas de europeos o rusos jamás suscitaron límites cuantitativos. No obstante, si son africanos quienes se alojan ahora, siquiera provisionalmente, en habitaciones vacantes (factura costeada por el Gobierno), alzan la voz quienes protestan contra tal “invasión inasumible” e invocan ardientemente su contraindicación con la industria del turismo y con la recuperación.

Más evidencias fácticas. En Canarias no se ha dado un bloqueo comparable al hacinamiento en Lampedusa o Lesbos. Tampoco rechazos en el mar como los denunciados con implicación de Frontex. Para evitarlo ha habido, en cambio, cuantiosas derivaciones a la Península, y redistribución entre islas. Está bien fundamentada la invocación de su derecho a circular hacia el resto del territorio nacional y espacio Schengen de la UE con su documentación en regla, en igualdad de trato. Pero es falsa la retórica que alega que estén “concentrados” o “encerrados” en un “campo” convertido en “isla cárcel”. ¡Cuidado con esas palabras! La imagen de “prisión” propala su injusta percepción como delincuentes condenados. Ciertamente, albergarles en establecimientos vacíos por la covid solo puede entenderse como medida temporal aunque insatisfactoria: si por un lado aporta ingresos a un sector que, si no, estaría inactivo, por otro intenta acoger con dignidad a personas en espera de otras vías que la pandemia impide (realojamientos de la UE). Pero es precisamente porque no tienen intervenida su libertad de movimientos —como en las islas Eólicas o las del Egeo— por lo que algunos vociferan contra ellos en las calles, “abandonados a su suerte, extraños en el paraíso, abocados a robar”. ¡Alerta! Tras la apariencia de tan airada indignación contra su situación rezuma un trasfondo inquietante de aporofobia xenófoba; e incluso racismo, sin más, cuando algún/a responsable arguye: “¿Cómo van a regresar nuestros turistas cuando vean estas imágenes de hoteles llenos de...?”.

¿Quién niega que la gestión del repunte de cayucos y pateras ha sido y es mejorable?: ni las Administraciones se encontraban preparadas, ni se ha garantizado siempre el imperativo respeto a los derechos y a la ley. Urge exigir, como hacemos desde el PE, una respuesta de la UE que sea común, eficaz y cumplidora del derecho. Y que reactive cuanto antes programas de realojamiento conforme al mandato normativo de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida (artículo 80 TFUE) tantas veces incumplidos. Mucho por hacer, sin duda, en un contexto endemoniado por el virus. Pero en la respuesta, ¡atención!: es preciso tener claro cuál es la más equivocada, y por tanto rechazable, cuando no, además, estúpida, por abocada al fracaso. Ni racismo ni odio. Tampoco ninguna connivencia, menos aún complicidad, para prestar cobertura al hostigamiento a migrantes so pretexto de “explicarlo” como una “reacción” o “inevitable consecuencia” de la supuesta incuria de los poderes locales o del Gobierno regional, nacional o europeo.

Juan F. López Aguilar, eurodiputado socialista, es presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE.