184 días al año
España tiene acuerdos con Andorra para compartir ciertos servicios y si pretende evitar la fuga de carteras lo que tiene que hacer es revisar las condiciones de ese pacto
Todo español lleva dentro un andorrano. Como todo británico lleva dentro un gibraltareño y todo francés un monegasco. También los norteamericanos fantasean con instalarse a vivir en las Bahamas y montar una empresa con sede en Delaware. Y es así porque percibimos los impuestos como una forma de confiscación. No podemos evitar ceder a ese relato. Para tranquilizar la conciencia, muchos exigen que el dinero público se gestione mejor y se privaticen los servicios que aún no lo están, pero en realidad lo que les molesta es ceder una parte de sus ingresos a la Hacienda pública. Por lo general, cuanto menos dinero ganas, menos pagas en impuestos. Pese a ello, los que tienen que pagar mucho no lo celebran como una victoria personal, sino como una derrota. Esto es un error de apreciación. Es como quien se pega una comilona pantagruélica y luego se queja de que le ha costado más hacer la digestión que a quien se ha comido una manzana pelada. En toda esta disquisición sobre el pago de impuestos hay un factor de enorme incomodidad, que es el sentido patriótico. De tanto agitarlo y lucirlo en bandera, cuello de camisa y hasta en la correa del perrito, nos creemos que el patriotismo es una exhibición, cuando en realidad el patriotismo es meramente una liquidación honesta del IRPF.
A medida que aumenta el teletrabajo aumentará el número de personas que a la hora de empadronarse tendrán en cuenta diversas ventajas. El precio del alquiler, las condiciones de vida, la cercanía con el mar o el aire puro. Entre esas condiciones puede formar parte el ahorro en el pago de impuestos. Hasta donde sabemos, empadronarse en el sitio que a uno le venga en gana es un libre derecho. Si pasas la mitad del año más un día fuera de España, puedes acogerte a esa deslocalización fiscal, pese al peso inerte de tu nacionalidad en la conciencia. Por eso, la polémica con los jóvenes millonarios que deciden radicarse en Andorra no ha de tratarse como un agravio emocional. A nadie se le puede exigir una identificación con su propio país hasta límites que vayan más allá de lo legal. De hecho, España tiene acuerdos con Andorra para compartir ciertos servicios y, si pretende evitar la fuga de carteras, lo que tiene que hacer es revisar las condiciones de ese pacto.
En las economías de competencia, la intervención directa del Estado tiene sus dobleces. Lo hemos visto con autonomías que rebajan los impuestos para captar a los ricos de otras regiones. Y lo hemos visto también con Amazon, que al verse tasada con un 3% de impuestos en sus transacciones, ha decidido cobrarle ese porcentaje a los productores. También los bancos cuando reciben varapalos de las autoridades traspasan el aumento de coste a la clientela. Seamos sinceros, el problema de irte a vivir fuera de España es sencillamente ese, irte a vivir fuera de España. Lo sabio de un país es medir el grado de incomodidad que se puede permitir aplicar sobre sus ciudadanos. Lo que pasa es que los millonarios tienen un problema. Dedican demasiado tiempo a pensar en su dinero. Los demás, valoramos otras cosas a la hora de elegir dónde pasamos 184 días al año. Por eso a casi todos estos exiliados para eludir el fisco los pillan falseando el número de días que pasan de verdad en España. Tengamos piedad de ellos, no pueden vivir sin nosotros.
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