Editorial
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Iglesias debe rectificar

Poner al mismo nivel la huida de Puigdemont con el exilio republicano es inaceptable

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el Congreso.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el Congreso.Kko Huesca / EFE

La comparación que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, estableció entre la situación del expresident prófugo, Carles Puigdemont, con el exilio republicano, es inaceptable. Iglesias debe rectificar. La equivalencia resulta tan desprovista de fundamento que en otras circunstancias no sería ni siquiera necesario rebatirla. Pero, desgraciadamente, lo es porque quien la profiere ocupa tan alta magistratura. La afirmación no es solo una lamentable tergiversación de hechos, sino un cuestionamiento de la democracia española completamente injustificado. Poner al mismo nivel a quien ha huido de la justicia de un Estado de derecho tras quebrantar el orden constitucional y a quienes se vieron obligados a abandonar España huyendo del terror franquista es falaz, mezquino políticamente y dañino para el prestigio de la democracia. Iglesias no solo desprecia el sufrimiento de la España legítima que fue machacada por el levantamiento militar, sino que provoca un daño institucional que debe reparar.

Ahora que a nivel global las democracias sufren un progresivo debilitamiento, la vigilancia y pulcritud de las palabras pronunciadas por los representantes políticos es imperativa. España es un Estado de derecho, y por tanto, no existen exiliados políticos. Que el vicepresidente sostenga lo contrario daña el prestigio del Gobierno del que forma parte y del sistema democrático que lo avala. Cuando quienes ejercen responsabilidades públicas promueven teorías conspiratorias y no manifiestan un apoyo firme hacia las instituciones que representan contribuyen a socavarlas. Iglesias es desleal con ellas al alentar su desprestigio.

La presencia de una formación como Podemos dentro del Ejecutivo ha contribuido a promover políticas sociales positivas como la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital o los ERTE. Este impulso social, aunque por lo general defendido con medidas desafinadas, es un elemento positivo para la democracia española. Una de sus representantes en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha trabajado con eficacia en una cultura de consenso loable. Pero hay aspectos muy inquietantes en el desempeño de la formación, empezado por el liderazgo tan excesivo que ejerce Iglesias. Agitar el debate de la jefatura del Estado en este momento puede ser legítimo, pero es irresponsable; volar intencionadamente los puentes de diálogo en el centro del espectro político y blindar un esquema de confrontación de bloques (uno de los cuales, dependiente de ERC y EH, y el otro, de Vox), también es negativo para la democracia española. El juego en el que un partido que forma parte del Gobierno se considera también miembro de la oposición debe acabar. Si hay algo que España necesita es el robustecimiento de las instituciones y la búsqueda de consensos, no el denigrarlas desde la demagogia.

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