Salto gigante

Tras dos años de intenso debate público, el Senado argentino ha aprobado la ley que permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la 14ª semana de gestación. Deroga así una ley muy restrictiva de 1921 que solo permitía abortar en caso de violación o riesgo para la vida de la madre y que durante 99 años ha condenado a las mujeres argentinas a abortar en la clandestinidad bajo la amenaza de ser juzgadas y condenadas a penas de cárcel si eran descubiertas. Finalmente, la movilización social de las mujeres en favor del derecho a decidir sobre el propio cuerpo ha permitido levantar un tabú ancestral y concienciar a una mayoría de los senadores sobre la necesidad de cambiar una ley anacrónica e injusta. La modificación de la ley formaba parte de los compromisos del actual Gobierno, pero no era seguro que pudiera superar el trámite de aprobación en el Senado. Una ley similar promovida en 2018 naufragó precisamente en la Cámara Alta. Esta vez ha logrado superar la prueba con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

Argentina se sitúa así como uno de los pocos países que han legalizado el aborto en América Latina, un continente donde los derechos sociales y reproductivos de las mujeres siguen postergados. Cabe esperar que el éxito logrado por el movimiento de la ola verde argentina inspire y refuerce la lucha de las mujeres en el resto del continente para poder decidir libremente si quieren ser madres o no. Hasta ahora solo cuatro países latinoamericanos reconocían el derecho al aborto: Uruguay, Cuba, Guyana y Guayana Francesa, además del Estado mexicano de Oaxaca y la Ciudad de México. En el resto el aborto está prohibido o se permite solo en supuestos excepcionales, como ocurría hasta ahora en Argentina, de manera que millones de mujeres se ven abocadas cada año a interrumpir sus embarazos en la clandestinidad y en muchos casos a poner en riesgo su vida. Según la OMS, solo uno de cada cuatro abortos se hace de manera segura. Se estima que cada año se producían en Argentina alrededor de medio millón de abortos clandestinos. En 2018 fallecieron 38 mujeres y 39.000 tuvieron que ser hospitalizadas por las secuelas. A partir de ahora, las mujeres que quieran abortar podrán hacerlo de forma gratuita y en condiciones seguras en la red sanitaria.

El aborto clandestino constituye un grave problema de salud en América Latina y la mortalidad asociada a la interrupción del embarazo en condiciones sanitarias inapropiadas es una de las brechas más dramáticas de nuestro tiempo. Esta brecha hace que muchas mujeres mueran o sufran persecución por una decisión que en otros países forma parte de los derechos consolidados. Su persistencia en América Latina se debe a la influencia de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos, que desde posiciones religiosas dogmáticas se creen con derecho a imponer sus particulares creencias a todos los demás. La libertad de las mujeres sigue estando en el centro de la batalla política porque de ella se derivan consecuencias que alteran el orden patriarcal. En pleno siglo XXI, la libertad para decidir sobre el propio cuerpo sigue siendo un derecho por conquistar en la mayor parte de América Latina. Sería deseable que el paso dado por Argentina pudiera convertirse en la pieza de dominó capaz de decantar al resto del continente.