Fines espurios

Un total de 73 mandos retirados del Ejército de Tierra (un teniente general, dos generales de división, cuatro de brigada y 66 coroneles) han enviado una carta al Rey en la que arremeten contra el Gobierno. Haciendo suyo el lenguaje y el discurso de Vox, cargan contra un “Gobierno social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas” que, a su juicio, pone en riesgo la cohesión nacional y amenaza la unidad de España.

Los firmantes pertenecen a la XXIII promoción de la Academia General Militar de Zaragoza y tienen más de 70 años. Todos están retirados —es decir, jubilados— y gozan de los mismos derechos que los demás ciudadanos, incluida la libertad de expresión.

Ahora bien, esos derechos los tienen en su condición de ciudadanos, no como militares, y en la misiva se presentan como lo segundo: hacen constar, junto a cada nombre, el empleo militar que alcanzaron en activo. Todos ellos saben que las Fuerzas Armadas están obligadas a guardar la más escrupulosa neutralidad y que promover como militares una iniciativa estrictamente política (la misiva alude a temas tan variados como el nombramiento de la directora general de RTVE o de la fiscal general del Estado) supone violar ese principio. Gran parte del esfuerzo realizado en los últimos años para que la sociedad española se identifique con sus Fuerzas Armadas (incluida su ejemplar participación en la lucha contra la pandemia) puede perderse si se las instrumentaliza al servicio de un objetivo político.

Al dirigirse al Rey para expresarle lealtad y criticar al Gobierno, estos militares, que ocuparon altos puestos en el Ejército de Tierra hace poco más de una década, demuestran una palmaria ignorancia de la Constitución. Por más que Felipe VI sea el mando supremo de las Fuerzas Armadas, no existe una cadena de mando entre el jefe del Estado y los ejércitos al margen del Gobierno. Intentar enfrentar al Monarca con el Ejecutivo supone, además, pretender que el primero abandone su papel constitucional. El Rey no necesita este tipo de lealtades.

La misiva —tan estrambótica e impensable en una democracia europea que el Times británico se ha hecho eco de ella— no es espontánea. Hace solo tres semanas, 39 mandos retirados del Ejército del Aire remitieron al Monarca un escrito similar. Los firmantes de ambas cartas no pueden ser sancionados, ya que al pasar a retiro dejan de estar sujetos a las leyes penales y disciplinarias castrenses, pero no merecen llevar el uniforme que se les entregó en su día si lo utilizan para fines espurios, contrarios a los valores de las Fuerzas Armadas. Así se lo recordó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde un lugar especialmente simbólico: la tribuna del Congreso, la sede de la soberanía popular.