Boicoteo dañino

El presidente del PP, Pablo Casado, y otros dirigentes del partido han anunciado que utilizarán todos los instrumentos a su alcance para frenar la aplicación de la nueva ley de Educación, la LOMLOE. Además de recurrirla ante el Tribunal Constitucional y aprobar mociones en contra en Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos autónomos, aseguran que utilizarán los Gobiernos autónomos en manos del PP para neutralizar la norma. Algunos, como el de Madrid, amagan con una normativa propia “que blinde” la enseñanza concertada y permita autorizar plazas nuevas en centros privados si existe demanda social aunque haya plazas libres en la red pública, cosa que la nueva ley no permite. De momento solo son declaraciones ante los medios y manifestaciones en sede parlamentaria, pero la insistencia en esta estrategia augura una conflictividad en la aplicación de la ley que impedirá el normal funcionamiento del sistema educativo, algo que se sumará a la inestabilidad normativa de los últimos años y a las dificultades causadas por la pandemia. Mientras abona esta estrategia, Casado insiste en que la educación debe quedar al margen de la confrontación partidista, algo que evidentemente no practica.

Cualquier fuerza política está en su derecho de acudir a los tribunales o convocar protestas contra una normativa con la que disiente. Forma parte del juego democrático en un Estado de derecho. Pero utilizar las competencias autonómicas de forma impropia para incumplir la ley supone un movimiento temerario en una dirección muy equivocada y merece el mismo rechazo que otras estrategias de desobediencia institucional que hemos denunciado. El PP está cayendo en las mismas actitudes que tanto criticaba en el secesionismo catalán.

Una ley orgánica no puede ser enmendada por una normativa de rango inferior, por lo que el recorrido de esa resistencia es limitado. Pero puede ahondar una deriva de deslealtad muy nociva para el equilibrio institucional que ya se apuntó con la LOMCE. En aquella ocasión, diversas comunidades gobernadas por el PSOE, Cataluña y el País Vasco obstaculizaron la aplicación de la ley por la vía de retrasar su implantación en las partes que dependían de un desarrollo autonómico, como no convocar las pruebas de nivel previstas, no desplegar la Formación Profesional básica o no aplicar los cambios introducidos en el currículo escolar.

La situación de algún modo se ha invertido. La LOMCE se aprobó con los votos del grupo popular y la oposición de todas las demás fuerzas políticas, que se comprometieron a derogarla en cuanto hubiera una mayoría en el Congreso que lo permitiera. El PP criticó entonces las resistencias a aplicarla, pero ahora se dispone a hacer lo mismo. Utilizar los Gobiernos regionales, no para la buena gestión del territorio sobre el que tienen responsabilidad, sino como arietes de la estrategia nacional para desgastar al Ejecutivo central, supone una perversión de la naturaleza del Estado autonómico. Con este planteamiento, los partidos que lo practican subordinan las competencias autonómicas a una finalidad ajena a la expresada por los electores de esa comunidad, y la ponen al servicio de los objetivos de oposición del partido a nivel estatal. La falta de lealtad a la que esta estrategia aboca subvierte la armonía de las relaciones institucionales, que en un Estado compuesto son esenciales para una buena gestión.